El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha dejado en libertad con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja José Luis Olivas (PP) y ha enviado a prisión a dos exdirectivos de la entidad y dos empresarios tras imputarles delitos de corrupción por los créditos que esta entidad y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que ha interrogado durante toda la jornada a siete de los nueve detenidos en la Operación Coral, ha decretado la libertad provisional de Olivas a petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y tras imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.
También han quedado en libertad con la obligación de realizar comparecencias periódicas el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra (una vez al mes); y Julián Dolz, director internacional de Negocio de Bancaja (cada 15 días).
Prisión para cuatro de los imputados
El juez González también ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianza de 500.000 euros para Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia; y José Cortina, ex director general adjunto de la caja.
De igual modo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del "trato de favor" dispensado en las operaciones de Grand Coral.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye indiciariamente a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
Todos ellos han contestado a las preguntas de la representante del Ministerio Público y de sus defensas, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, que continúan bajo secreto del sumario. La Guardia Civil también arrestó este lunes a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja.
La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México.
Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares (223 millones de euros), según un informe del Banco de España.
Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.