El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, el próximo 15 de julio imputado por blanqueo de capitales y delito fiscal, y un día antes a su socio Luis Iglesias.
En una providencia, el juez emplaza a ambos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, una vez se han recibido varios informes de Hacienda y de la Policía con indicios de que pudieron haber cometido esos y otros delitos en operaciones millonarias de las que se desconoce la procedencia del dinero.
El magistrado indaga en este caso siete operaciones inmobiliarias sospechosas por valor de miles de millones de euros realizadas por sociedades vinculadas al hijo de Jordi Pujol, algunas mediante la empresa Drago Capital.
Investigación abierta en octubre de 2014
Pedraz abrió en octubre de 2014 una investigación contra Pujol y su socio y ordenó su detención mientras se procedía al registro de sus domicilios a petición de la Fiscalía en el procedimiento abierto en virtud de una querella interpuesta por Podemos y Guanyem Barcelona contra la familia Pujol.
Anticorrupción pidió este martes a Pedraz que les citara a declarar como imputados por delitos fiscales "y de otra índole", ocho meses después de que fueran detenidos por estos hechos.
La Fiscalía también reclamó al juez que archivara la causa contra la hija del exministro Eduardo Zaplana, María Zaplana, así como contra Sonia Soms, mujer de Oleguer Pujol, y Antonio Morenés, un aspecto sobre el que el magistrado aún tiene que resolver.
Dos de los informes aportados a la causa, de la Agencia Tributaria, se refieren a Pujol, a Iglesias y Drago Capital S.L., la sociedad vinculada a ambos, y en ellos, afirmaba el fiscal, "de una manera más o menos extensa, se pone en comunicación del juzgado que existen elementos de defraudación tributaria que tiene relevancia criminal".
Otro escrito de Hacienda asegura que del expediente administrativo de comprobación inspectora relativa a Iglesias "se desprende la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas en su impuesto sobre la renta de las personas físicas por importe superior a 120.000 euros", lo que constituiría delito fiscal.
El fiscal también mencionaba un informe de Hacienda sobre Drago Capital, una empresa que estaría en el "entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid controlado por Oleguer Pujol y Luis Iglesias", en el que la Agencia Tributaria confirma "la existencia de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole".