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El PP rechaza en el Congreso retirar la Ley de Montes a pesar de las peticiones de la oposición

  • Casi toda la oposición ha presentado peticiones de retirada del proyecto

  • Alertan de que se podría construir en terrenos quemados 

  • Gobierno: construir en zona quemada requiere interés público de primer orden

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados tiene previsto rechazar este jueves las siete peticiones de la oposición en el Pleno para retirar y devolver al Gobierno la reforma de la Ley de Montes, a pesar también de la oposición de ecologistas y agentes forestales, según ha adelantado la portavoz del PP en la materia, María Teresa de Lara.

Este jueves se debatían y votaban las enmiendas de totalidad del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV y ERC, BNG y Amaiur, del grupo mixto, que pedían la retirada del texto del Gobierno.

Por la mañana, frente al Parlamento, se han concentrado agentes forestales, organizaciones ecologistas, representantes políticos y de sindicatos para protestar contra la reforma de la Ley de Montes por considerar que perjudica la defensa de este entorno y la labor de los agentes forestales.

Siete peticiones de retirada

A juicio de la diputada Pilar Lucio, del PSOE, esta reforma responde a una ideología "retrógrada" para "la privatización, mercantilización y precarización del medio ambiente".

"No nos gusta y nos parece grave y completamente posible de justificar el permitir recalificar terrenos quemados. Supondría dar armas de destrucción masiva a delincuentes y especuladores", ha avisado.

Olaia Fernández, del BNG, ha alertado de que abre la puerta a que se elimine en base a "un criterio indeterminado y que puede ser arbitrario" la prohibición de recalificación de terrenos quemados durante un periodo de 30 años cuando en comunidades autónomas, como Galicia, hay preocupación por la actividad incendiaria en montes.

"Esta ley no supone ninguna mejora en la gestión forestal integral, ni establece medidas necesarias para salvaguardar los ecosistemas, la lucha contra los incendios. Pone en primer lugar los intereses privados, como los constructores, cazadores, o sector maderero. Es especialmente sangrante la desvalorización que hace de los agentes forestales", ha lamentado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha sugerido que acudirán al Tribunal Constitucional en cuanto entre en vigor esta normativa por la invasión competencial que representa, mientras que desde Amaiur, Maite Ariztegui, ha coincidido con el objetivo "recentralizador de la norma".

El grupo catalán, por su parte, no ha presentado enmienda de totalidad porque, ha defendido el diputado Martí Barberá, algunas de las novedades introducidas en la ley permiten aplicar las líneas previstas en el programa de CiU en el ámbito forestal.

Gobierno: protege la diversidad

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha iniciado el debate de la ley y ha destacado que los objetivos de la norma son "proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico".

Frente a las preocupaciones de los agentes forestales, Tejerina ha defendido que esta reforma sistematiza sus funciones y no cambia sus características, ni sus obligaciones.

"No pierden ninguna competencia, se mantienen en los mismos términos que recoge la legislación vigente, tanto en su condición de policía judicial como en la de agentes de la autoridad. Podrán seguir investigando y denunciando cuantas conductas entiendan procedente", ha apostillado.

Usos de terrenos incendiados

Sobre otra preocupación de la oposición, de que permitirá urbanizar de nuevo en suelos incendiados, García Tejerina ha explicado que la modificación de la Ley de 2006 incluía varias excepciones a la imposibilidad de cambiar el uso de un terreno forestal en los 30 años posteriores a un incendio.

Para construir en suelos incendiados se requieren razones imperiosas de primer orden

Sin embargo, ha aclarado que "no se exigía nada por este cambio de uso y la posibilidad de excepción dependía tan solo del momento de su tramitación administrativa", y ahora, a las posibilidades otorgadas en la ley de 2006 se incorpora una adicional que exige que sobre la zona quemada haya razones imperiosas de interés público de primer orden.

Con el fin de garantizar transparencia de esta excepción, se requerirá que sea declarada por una norma con rango de ley, lo que exige una consulta previa a los órganos consultivos y también una amplia consulta pública. Al mismo tiempo, se requerirá la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso.

Tejerina ha destacado que este proyecto de ley incluye medidas para combatir la tala ilegal de madera, y por eso se incluyen las medidas que permitan la efectiva aplicación en España de los reglamentos comunitarios en materia de lucha contra la tala.

Titularidad y gestión

La ministra ha explicado que en la ley hay una nueva clasificación de los montes en función de su titularidad (pública o privada) porque antes era "confusa", y según desempeñen un servicio público.

En materia de gestión, se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, considerándose estos montes ordenados.

De este modo, afirma que se simplifican los procedimientos actualmente vigentes y se eliminan los costes asociados.