El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los tiempos de instrucción en los procedimientos penales a 6 meses para las causas sencillas y a 18 meses prorrogables para las complejas para "agilizar la justicia" y sustituye el actual término de "imputado" por el de "investigado" para salvaguardar la presunción de inocencia de cualquier ciudadanos hasta que haya sentencia contra él, según ha explicado este viernes el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El proyecto de ley de reforma, que ahora será enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, elimina una de las medidas más polémicas que sí que recogía el anteproyecto aprobado por el Gobierno en diciembre: la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial en caso de delitos graves.
El CGPJ y el Consejo Fiscal habían expresado dudas sobre su constitucionalidad. Catalá ha señalado que este aspecto se dejará tal y como está regulado ahora de forma que Interior solo pueda hacerlo en caso de delitos de terrorismo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la reforma obedece a "una demanda social clara de agilizar las causas sobre todo los de corrupción".
Los "imputados" pasarán a ser "investigados"
Una de las novedades respecto al anteproyecto de diciembre es la sustitución del término "imputado" por el de "investigado" como había planteado el Consejo de Estado.
El ministro de Justicia ha explicado que durante la fase de instrucción de un procedimiento penal se hablará de "investigados", si se abre juicio oral de "encausados" y en última instancia, cuando haya sentencia, de "condenados".
Rafael Catalá ha argumentado que, aunque actualmente el concepto de imputado se aplica a la persona que tiene que comparecer con asistencia letrada ante un juez instructor para "esclarecer unos supuestos hechos delictivos" y saber su grado de participación, se identifica con una situación de "preculpabilidad".
Por ello, en opinión del ministro, el término de "investigado" es más "coherente" y servirá para "fortalecer la situación de inocencia que lógicamente debe acompañar a cualquier ciudadano antes de que haya sentencia condenatoria".
Desliga la decisión de la elaboración de listas electorales
Catalá ha hecho referencia al "debate" que existe en la actualidad sobre la imputación de los cargos políticos pero ha negado que la decisión del Gobierno tenga que ver con la elaboración de las listas electorales y la presencia de imputados en ellas.
Es la polémica que ha surgido, por ejemplo, con la elección del actual presidente de Melilla, Juan José Imbroda, imputado por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación, como candidato del PP a la ciudad autónoma.
O también el debate sobre si los expresidentes socialistas del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán citados a declarar como imputados ante el alto tribunal por el caso de los ERE deberían dejar ya o no sus escaños como diputado y senador, respectivamente.
Catalá niega que limitar la instrucción genere "impunidad"
El ministro de Justicia ha defendido que la limitación de los tiempos de instrucción, que se mantiene en el proyecto a pesar de que el Consejo de Estado mostró su preocupación por esta medida, servirá para la "agilización" de la justicia penal y ha negado que contribuya a la "impunidad" en delitos como los de corrupción, que suelen tener instrucciones muy largas y complejas como el caso Gürtel y el caso de los ERE.
En este sentido, Catalá ha señalado que la ley incluirá procedimientos para que el juez y el fiscal puedan ampliar los plazos de instrucción hasta 18 meses más y, de forma "excepcionalísima", después de estos 36 meses -tres años- "cuando las circunstancias lo justifiquen y así se acredite".
Catalá asegura que la instrucción de los casos más complejos podrá prolongarse más allá de 36 meses
El ministro asegura que "siempre habrá posibilidad de ampliación" de la instrucción de forma que ningún juez vea finalizado el proceso sin solución por esta limitación de los plazos. "Ninguna impunidad en ese sentido", ha señalado.
Otra de las medidas que ha destacado Catalá encaminadas a agilizar los tiempos es la división de los macroprocesos para que cada delito genere una instrucción que pueda ser juzgada sin esperar al conjunto del sumario. El objetivo es evitar instrucciones "larguísimos de varios años" que dan sensación de impunidad.
Recuperar el dinero defraudado por los condenados
Según informa Efe, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal amplia la figura del decomiso para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, es decir, para recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos.
Se regula también por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.
También se introduce la figura del policía encubierto, que podrá investigar en internet mediante el uso de una identidad falsa, según recoge esta agencia.