La Guardia Civil ha detenido a 15 personas en Melilla, Málaga, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria en una operación contra una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Entre los arrestados están el director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, policía nacional de profesión y responsable en la ciudad autónoma de servicios como los Bomberos, la Policía Local y Protección Civil, además de otros funcionarios y empresarios, como la gerente una de las sociedades públicas de Melilla (Promesa), Carolina Gorgé, según han confirmado a Efe y Europa Press fuentes de la investigación.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los ha detenido en el marco de la Operación Tosca como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, imputando además a algunos de ellos de blanqueo de capitales y falsedad documental, según ha informado el Instituto Armado en una nota.
Los detenidos, "viciando" presuntamente procesos de contratación, gestionaban fondos públicos "persiguiendo sus intereses personales o empresariales en lugar del interés general", según el comunicado.
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla tiene previsto tomar declaración este miércoles a las 15 personas detenidas, según ha informado una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El procedimiento, según ha añadido, afecta a un total de 35 personas, "entre los que hay políticos y técnicos de la Ciudad de Melilla, así como responsables de varias empresas".
Además, ha adelantado que en los próximos días el juez irá citando para escuchar sus declaraciones a consejeros y técnicos de tres consejerías, que no han sido detenidos este martes pero a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho.
Registros de domicilios, sociedades y un organismo oficial
Según han informado a Efe fuentes policiales, agentes del Grupo de Delitos contra la Administración, dependientes de la Unidad Central Operativa (UCO), registran este martes la sede de Promesa, situada en el polígono del Sepes. En total, la Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro registros en domicilios, sociedades y un organismo oficial.
Además del director general de la Consejería de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, policía de profesión, quien además ostenta el cargo de presidente de la Agrupación de Cofradías de Melilla, entre los detenidos están los responsables de empresas vinculadas al ámbito del agua y de la seguridad, con las que la Ciudad Autónoma de Melilla mantenía algún tipo de relación contractual, según las fuentes.
En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla y la Fiscalía de la ciudad autónoma, además de los agentes de la UCO de las provincias donde se han llevado a cabo las detenciones.
Esta operación es la continuación de una investigación iniciada en el año 2013 y relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
Ligada a la Operación Ópera
En dicha actuación, se intervino diversa documentación que evidenciaba "el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla", y que dio origen a la Operación Ópera.
Tras estas primeras actuaciones, que conllevaron detenciones de altos cargos de la ciudad autónoma, entre ellos la del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, así como registros en distintas consejerías, a finales del año 2013, la UCO se hizo cargo de la investigación.
Meses más tarde, en febrero de 2014, se realizaron nuevos registros en dependencias públicas de la ciudad autónoma, así como en sociedades mercantiles vinculadas a los contratos investigados y en registros particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas. Esto, según la Guardia Civil, viciaba los procesos de contratación, anteponiendo intereses personales o empresariales al interés general.
"De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos", afirma el instituto armado.
Las fuentes consultadas precisan que este operativo no guarda relación con el presidente de Melilla, el 'popular' Juan José Imbroda. Hace cinco días la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió abrir una causa contra él por entender que "resulta conveniente continuar la investigación" iniciada en la ciudad autónoma sobre un presunto delito de prevaricación cometida al contratar un abogado con fondos públicos.