El juez que investiga los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, ofreció este lunes a Hacienda la posibilidad de personarse como perjudicada por los presuntos delitos fiscales detectados por parte de la empresa Unifica en las obras de reforma de la sede nacional del PP después de recibir un informe de la propia Agencia Tributaria que apunta a posibles delitos contra la Hacienda Pública.
Este martes, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado que el presunto delito fiscal que aparece en el informe remitido al juez lo habrían cometido los arquitectos de Unifica, que recibió supuestamente 1,7 millones de euros de dinero negro por la reforma del edificio situado en la calle Génova de Madrid.
Ferre, que ha pronunciado una conferencia en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Foro Aragonex, ha respondido así a la pregunta sobre quién debe asumir la responsabilidad por estos presuntos delitos.
"El trabajo es de los funcionarios de la Agencia Tributaria en colaboración con el poder judicial, que actúa con independencia", ha precisado el secretario de Estado según las declaraciones recogidas por Efe.
Tras insistir en que "los funcionarios trabajan con plena independencia para el juez", ha señalado que "el presunto delito fiscal corresponde a los arquitectos que estaban al servicio de la obra".
En cualquier caso, ha puntualizado Ferre, no cree que como miembro del Gobierno que es deba pronunciarse "sobre quién tiene que asumir la responsabilidad" por el presunto delito fiscal.
El juez cita a los peritos de Hacienda
En la misma providencia en la que el juez da la posibilidad a la Agencia Tributaria de personarse en esta pieza separada del caso Gürtel, Ruz cita a los peritos de las Unidades de Auxilio judicial de la AEAT-ONIF y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) los días 9 y 11 de febrero para que ratifiquen los informes que han emitido sobre este asunto.
En un informe del pasado mes de octubre, la Agencia Tributaria elevaba en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja.
Ese informe ampliaba otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras ejecutadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató diferencias entre las cantidades que figuran en las facturas requeridas al partido por esos trabajos y las incautadas a la empresa Unifica.
Según ese informe, esas diferencias de facturación fueron de 211.160 euros en la segunda planta, de 256.426 en la tercera, de 217.879 en la cuarta y de 274.880 en la quinta.
Esas cantidades sumaba 960.345 y a eso se añadieron después los 750.095 euros de diferencia en facturaciones en la planta baja, lo que equivale a un total de 1,7 millones de euros, superando en 812.000 euros, los 888.000 euros que el extesorero Luis Bárcenas reflejó en la contabilidad paralela como pagos a Unifica.