La consulta soberanista que tendrá lugar este 9 de noviembre en Cataluña tiene dos preguntas claras, las de la papeleta. Las demás, otras muchas, aguardan respuesta a lo largo de una jornada largamente esperada aunque no se desarrolle en su versión original.
La práctica totalidad de la vida política catalana en los últimos dos años ha girado en torno al llamado "derecho a decidir", que ha pasado por una convocatoria de consulta, el no del Congreso, una ley catalana de consultas, una suspensión, una consulta alternativa, otra suspensión y se ha materializado en un "proceso de participación" en el que los catalanes responderán a una doble cuestión: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado". Y en caso afirmativo, "¿quiere que este Estado sea independiente?".
¿Habrá urnas? De haberlas, ¿estarán puestas en colegios electorales?
Es la gran incógnita, la que define si se celebra la consulta en la versión alternativa redefinida por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, después de la suspensión de la consulta original por parte del Tribunal Constitucional (TC) o si el 9N termina siendo una "Diada con urnas" -como la han definido en el PP- o ni tan siquiera eso.
No es descartable que, llegado el caso, las urnas se instalen fuera de los colegios, en la calle, cual mesas petitorias de firmas, y de hecho lo ha contemplado el propio ministro de Justicia, que entiende que esa es una estampa propia de una sociedad democrática como la española con ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse.
Otra imagen posible es la de una gran movilización enfrente de los colegios, con la imagen de cientos, acaso miles de ciudadanos haciendo una cola que dé vueltas alrededor de un colegio electoral cerrado, quizá con presencia policial de fondo, una salida insatisfactoria pero todo un icono del anhelo catalán de decidir frente a la oposición del Estado.
¿Quién será quien ejecute la consulta?
Tras convocarse este viernes una última reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, el mensaje sobre el liderazgo de la Generalitat y, en concreto, de Artur Mas, en la consulta de este domingo ha sido de calculada indefinición.
"La Generalitat responde de todo el proceso hasta el final pero no lo ejecuta. Lo ejecutan las personas voluntarias que se han presentado" -en 40.000 los ha cifrado Mas-, ha dicho el portavoz del Pacto, y que se encargarán de tareas como abrir los colegios, custodiar las papeletas y realizar el recuento.
En otras palabras, las usadas por Joan Rigol, el proceso participativo lo hace "un entramado de responsabilidades" en el que están involucrados el Govern, los voluntarios y las instituciones, entidades y partidos políticos que forman parte del Pacto.
Ante esto, el Gobierno ha advertido repetidamente a Artur Mas de que no se escude en las asociaciones cívicas independentistas para que asuman la convocatoria y poner a los voluntarios en la tesitura de tener que incumplir las leyes al poner en marcha una consulta suspendida por el Constitucional.
¿Qué consecuencias legales puede tener celebrar la consulta?
La Fiscalía ha advertido de que podría actuar contra funcionarios reclutados como voluntarios y, por de pronto, Sociedad Civil Catalana (SCC) ha denunciado a la Generalitat por un supuesto delito de revelación de secretos el uso "ilegítimo" de los datos de los catalanes en el envío de "propaganda".
En lo que respecta a los Mossos d'Esquadra, el conseller de Interior catalán asegura que cumplirán los requerimientos judiciales si los hay, incluso si ordenan retirar las urnas, un escenario que en todo caso ve "extremo" y "lejano".
De ponerse al final al frente de la consulta, Artur Mas -que no ha firmado un decreto de convocatoria de la consulta alternativa- desoiría al Constitucional y podría incurrir en delito de desobediencia, pese a haber argumentado que este 9N es un proceso distinto y no la continuidad de la anterior consulta.
Pero "si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", ha subrayado el ministro de Justicia.
Con todo, el Gobierno espera no tener que actuar si no se produce ningún incidente grave o incumplimiento flagrante de la orden dada a la Generalitat de inhibirse. Las consecuencias pueden llegar a partir de la semana que viene, tras revisar lo sucedido el 9N.
¿Se espera una alta participación?
Si se toma como baremo que los partidos que apoyan la consulta ocupan el 65% de los escaños del Parlament, el potencial de movilización es muy alto. Por otra parte, la voluntad participativa y el independentismo están muy activos, como demuestran los últimos datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) -el CIS catalán-, según los cuales medio millón de personas en Cataluña se han vuelto independentistas desde 2012.
Los partidos proconsulta han aprovechado el segundo recurso del Gobierno al Constitucional como último acicate para llamar a los ciudadanos a no quedarse en casa y tomar partido en el proceso participativo. Los miembros del Pacto han animado incluso a los partidarios del "no" en la consulta a que lo expresen también.
Y como una imagen puede ser la mejor comunicación de un mensaje político, no es una cuestión menor que haya en la calle menos puntos de votación este domingo que en una convocatoria de elecciones. Con apenas 1.200 locales para votar, frente a los 2.700 colegios electorales abiertos para votar en 2012, es fácil visualizar mayores colas.
¿Cuál será un dato significativo de participación y del resultado?
Sería aventurado que se hiciera una previsión pública, pero el listón que está en la mente de los partidarios del proceso es el de la última 'Diada', cuando salieron a la calle 1,8 millones de personas.
La Generalitat ha habilitado un centro de prensa para el domingo y el lunes, pero no ha aclarado si durante la jornada dará cifras de participación -las mesas sí darán avances de participación al gestor, a las 13:00 horas y a las 18:00 horas-, ni ha asegurado si el resultado se conocerá el mismo domingo o el lunes 10.
De nuevo, la referencia sobre si ha habido o no un enfriamiento del independentismo puede ser el último sondeo del CEO, que destacaba que el 49,4% de los ciudadanos votaría que sí a la doble pregunta de la consulta el 9 de noviembre, si bien el trabajo de campo de la encuesta se hizo antes de que Mas anunciara la consulta alternativa el pasado 14 de octubre.
¿Qué pasará el lunes -y en los próximos meses-?
Lo único que se sabe del 10N es que Artur Mas enviará una carta a Mariano Rajoy para hacer balance y ofrecerle su disposición de hablar para hallar "soluciones", además de demandar de nuevo un referendum "definitivo" y "acordado", al "estilo británico" -es decir, volver a la casilla de salida de diciembre de 2013-.
Las cuestiones abiertas a partir del 9N no han experimentado mucha variación respecto a los últimos meses, y hay varios dilemas para resolver sobre qué harán los partidos catalanes y el Gobierno.
¿Entrará ERC en el gobierno de CiU para reimpulsar el proyecto soberanista? ¿Podrá Mas esperar hasta 2016 para convocar elecciones o tendrá que anticiparlas? ¿Seguirá CiU como tal o habrá una escisión entre CDC y UDC? ¿Se abrirá la puerta a un diálogo entre Gobierno y Generalitat? ¿Habrá cabida para la vía federal y la reforma constitucional que proponen los socialistas o la frustración desembocará en decisiones unilaterales desde Cataluña, como defiende Oriol Junqueras?
Al fin y al cabo, la consulta era para Artur Mas una estación de paso antes del final de la ruta prevista, la "consulta definitiva" en forma de elecciones plebiscitarias, y que en sus planes contempla con una candidatura soberanista conjunta y un programa común centrado en la independencia.
Después del 9N, seguirá habiendo muchas preguntas en el aire.