El grupo popular en el Senado quiere que se extiendan hasta 2020 usos privados como la caza en fincas particulares situadas en el interior de los Parques Nacionales, de acuerdo con una de las enmiendas que han presentado en la Cámara alta (la número 278).
La enmienda, cuya redacción se ha modificado puesto que antes proponía permitir los usos privados sine die, ha sido calificada como "enmienda Cospedal" o "bomba parlamentaria" por algunos grupos de la oposición.
Así, la modificación se ha incorporado al dictamen del Proyecto de Ley de Parques Nacionales, aprobado este miércoles en solitario por el PP en el seno de la Comisión de Medio Ambiente. Está previsto que la ley se apruebe en sesión plenaria del Senado la próxima semana.
Oposición a la nueva ley
En total se han presentado 278 enmiendas parciales al texto de la ley en el Senado, así como siete vetos por parte de IU, ERC, Entesa, grupo socialista, CIU, PSC, y Foro Asturias, cuyos portavoces han considerado que la futura norma "invade competencias", "desprotege" la naturaleza y "consagra privilegios de privados".
Responsables de WWF y SEO/BirdLife, que han seguido el debate en el Senado, han declarado su rechazo a la ley y han considerado que la nueva redacción de la polémica enmienda plantea una "mejora insuficiente" y no enfoca el problema principal que la ha generado, que no es otra, han dicho, que la caza en el parque de Cabañeros.
La actual ley, vigente desde 2007, aprobada por el anterior gobierno socialista, fijaba como fecha límite el año 2017 para los usos privados en propiedades particulares dentro de los parques: caza, la pesca, las actividades forestales y mineras, los aprovechamientos hidroeléctricos, la tala con fines comerciales, entre otras.
Debate en el Senado
En defensa del texto, la senadora del PP por Menorca, Juan Francis Pons ha negado que se rebaje el nivel de protección y ha argumentado que uno de los principales objetivos es lograr una mayor coordinación entre las administraciones. También ha asegurado que no se podrán llevar a cabo actividades como el fracking (fracturación hidráulica) en los parques nacionales.
Durante el debate, Enrique Iglesias (IU) ha afirmado que el proyecto degrada y devalúa estos espacios y busca una doble rentabilidad: la de los propios parques y la que puedan obtener propietarios privados de términos comprendidos en estos espacios.
Para Joan Saura (Entesa), quien ha calificado la enmienda 278 de "bomba parlamentaria", la futura norma desprotege y "lamina" competencias y "posiblemente" responde a presiones de intereses económicos.
El "inadecuado" nivel de protección y el tema competencial también ha sido esgrimido por Pere Maluquer, de CIU, en su rechazo a esta ley, sobre la que el PSOE ha afirmado su oposición "frontal".
Su portavoz, Miguel Fidalgo, ha sostenido que se trata de un texto innecesario que "busca el uso privado" de lo que debe ser interés publico, y que añade una "enmienda Cospedal" para permitir "usos prohibidos en estos espacios sagrados".
Los responsables de WWF y SEO/BirdLife, Juan Carlos del Olmo y Asunción Ruiz, han declarado a los medios en los pasillos de la Cámara Alta que el texto que propone el PP abre muchas excepciones para estos "santuarios" que deben gozar de la máxima protección y por lo tanto desde este punto de vista la ley es "inaceptable".