El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cree que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y uso en provecho propio de tarjetas opacas al fisco, que entregaron además a consejeros y directivos sin controlar la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual.
El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres millones para Rato.
El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron "en provecho propio" las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos, lo que "supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo".
Gastos ocultos al fisco y a los auditores
El auto añade que no consta que los importes estuvieran "conectados a gastos de representación o relacionados con actividades profesionales" de los usuarios de las tarjetas ni que se declararan a Hacienda.
En concreto, Rato está acusado de un delito de administración desleal por continuar con la práctica, autorizando la emisión de nuevas tarjetas y el gasto que generaban. El juez especifica que dicho gasto "está contabilizado de forma encubierta para evitar el control de los auditores y los órganos suprevisores". Los mismos razonamientos jurídicos se aplican en el auto sobre Miguel Blesa.
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.
El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.