Los portavoces de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP han presentado este miércoles en el registro del Parlament una petición para celebrar un pleno extraordinario el 19 de septiembre para la aprobación de la proposición de ley de consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana, una normativa que varios de estos grupos pretenden que sirva para dar cobertura legal a la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Los cinco grupos han pedido así la convocatoria de una junta de portavoces "extraordinaria y urgente" para acordar formalmente la convocatoria de este pleno para el viernes de la semana que viene, según el documento presentado en el registro de la Cámara catalana.
El PSC ya avanzó que votará a favor de la ley de consultas, a la que ha presentado algunas enmiendas, aunque dejó claro que, bajo su punto de vista, dicha ley no puede amparar la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, como pretenden CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, fuerzas que acordaron la fecha y la pregunta de dicho referéndum.
Los grupos que quieren que la ley de consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana sirva para dar cobertura legal a la consulta soberanista (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP) acordaron con el Govern catalán el pasado diciembre la fecha y la doble pregunta de dicho referéndum.
Convocatoria de la consulta soberanista
El caso es que, con el anunciado apoyo de los socialistas, la ley saldrá adelante en un pleno extraordinario que llegará justo después del debate de política general -que se celebrará del lunes al miércoles- y solo un día después del referéndum escocés del jueves 18 de septiembre.
Una vez que se apruebe el día 19 la ley de consultas, se prevé que el presidente catalán, Artur Mas, firme en cuestión de horas el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.
No obstante, la Generalitat y los partidos favorables a la consulta insisten en que la normativa es acorde a la Constitución y al Estatut, después del visto bueno que dio el Consejo de Garantías Estatutarias a finales de agosto.
Este órgano consultivo de la Generalitat validó por mayoría la constitucionalidad del dictamen de la ley catalana de consultas populares no refrendarias, aunque cuatro de los nueve miembros del Consejo votaron en contra.
En caso de aprobarse la ley, el Gobierno ya anunció que recurriría ante el Constitucional tanto el texto como la posible convocatoria de un referéndum soberanista y ha apelado desde entonces a que la Generalitat y las instituciones catalanes cumplan la legalidad vigente.
Ante un posible veto del Constitucional, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este martes la "desobediencia civil", un extremo en el que no le ha secundado CiU.
Ley de consultas
La normativa, en cuyo redactado no se hace referencia al 9N, está diseñada para consultas populares no refrendarias -no vinculantes jurídicamente-, salvando así la petición de autorización al Estado, que tiene competencias exclusivas en referendos.
El texto de la ley que tramitará el Parlament catalán fija un plazo de entre 30 y 60 días entre la convocatoria de una consulta y su fecha de celebración, por lo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, debería firmar el decreto como muy tarde el 9 de octubre.
Establece que podrán participar los catalanes mayores de 16 años que residen en Cataluña y los que están en el extranjero, pero no los que viven en otras autonomías, mientras que, por lo que respecta a los inmigrantes, podrán votar aquellos que tengan un arraigo de un año, en el caso de comunitarios, y de tres para los extracomunitarios.
Las consultas pueden ser convocadas por el Govern, el Parlament, un ayuntamiento o una institución supramunicipal, y utilizarán el Registro de Población de Cataluña, del Instituto de Estadística de Cataluña, para establecer el censo.