La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares supuestamente tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet por las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.
En un auto dictado el pasado 8 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez impone asimismo una fianza civil de 12.359,20 euros a Antonio Garrido, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén) y exsecretario de Administración de UGT en Sevilla, uno de los primeros "intrusos" hallados en la investigación, por su prejubilación en el ERE de 2007 de Mercasevilla pese a que no formaba parte de su plantilla.
Cabe recordar que Fernando Mellet compareció como imputado ante la magistrada el pasado 23 de abril y se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez le imputara seis presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Fianza para responder de "ingentes cantidades de dinero" público
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE irregulares solicitaron para Fernando Mellet una fianza de responsabilidad civil de más de cinco millones de euros y que se declarara la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.
A la hora de fijar la fianza civil de Mellet, que tiene por objeto "la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario público".
La magistrada tiene en cuenta las cantidades que, a través de su actuación como director general de Mercasevilla, abonó la Junta "irregularmente" por el ERE de 2003, y que según el desplegable del IFA/IDEA alcanzaría los 4.125.000 euros.
La juez argumenta que, "a fin de cuantificar las posibles responsabilidades pecuniarias de Mellet, se fija para éste en el 30 por ciento del importe de la cantidad" referida, de lo cual resulta 1.237.000 euros, cantidad a la que suma el tercio legal previsto y que da como resultado un total de 1.650.000 euros.
Un plazo de un día para prestar la fianza
La juez concede a ambos imputados un día de plazo para que presten la fianza imputada, advirtiéndoles de que se ordenará el embargo de bienes, "previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán requeridos al propio tiempo, para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".
Alaya considera que, el 3 de octubre de 2003, Mellet solicitó ante la Delegación Provincial de Empleo la autorización para la extinción de 74 trabajadores de un total de 184 fijos, "aludiendo a causas organizativas y económicas", dando lugar dicha petición al ERE de 2003.
Esta petición, según Alaya, iba acompañada del acuerdo suscrito con los trabajadores, en el que se incluía la reducción no traumática de trabajadores fijos mediante un plan anticipado de prejubilación suscrito con Vitalia que acogiese a los trabajadores de edades comprendidas entre los 50 y los 64 años a fecha de 31 de diciembre de 2003.
"Y todo ello a sabiendas de que el plan suscrito con Vitalia sería sufragado en su mayor parte por la Junta, pese a que el imputado no había formalizado solicitud de subvención alguna, debido a las buenas relaciones que, a través de Juan Lanzas, considerado el "conseguidor" de los ERE, mantenía con Antonio Rivas --exdelegado provincial de Empleo-- y con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero".
Según la juez, Mellet habría suscrito en nombre de la sociedad mixta los boletines de adhesión de los trabajadores acogidos al plan de prejubilación, "entre los que se incluirían a tres trabajadores que no cumplían los requisitos para la prejubilación".
"Connivencia" con el "conseguidor" de los ERE
Finalmente, y según la Dirección General de Seguros, se beneficiaron de esta póliza 50 trabajadores, mientras que del importe de las primas correspondía pagar a la Junta el 90 por ciento del importe total, es decir 5,6 millones.
"Tras el éxito de este primer expediente, y en connivencia con Lanzas", Mellet solicitó en 2005 un nuevo ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores, "fundando su solicitud en idénticos motivos al ERE de 2003", siendo autorizado el ERE por Rivas el 17 de mayo de 2007 "por las mismas causas económicas y organizativas que en el ERE de 2003".
Dicha autorización en este segundo expediente, señala Alaya, se produjo pese a que en 2005 se había contratado "prácticamente" el mismo número de trabajadores que en el primero habían sido despedidos y los gastos de explotación, al igual que en 2003, "seguían superando el 71%".
La juez señala la "intrusión" de Antonio Garrido
La juez asevera que "a pesar de no existir protocolo de colaboración ni convenio que lo articule, la póliza firmada" en 2007 por Mellet en nombre del mercado "contiene expresa mención a que la Junta abonará la mayor parte de las primas, como ocurriera con la póliza anterior".
Así, Mellet, "aprovechó" esta circunstancia según el auto, para incluir en el ERE de 2007 a cuatro trabajadores que no eran de Mercasevilla, sino de su fundación", entidades ambas "independientes".
De igual modo, "puesto de común acuerdo con Lanzas y a sabiendas de su injusticia", Mellet introduciría en la póliza de rentas para la prejubilación de los trabajadores "a una persona ajena a Mercasevilla y del entorno de Lanzas", como es Antonio Garrido Santoyo.
La juez añade que el propio Lanzas "intentó incluirse en la póliza como una de las formas que tenía de cobrar las elevadas cantidades que percibía por su intermediación, y aunque Mellet se negara a firmar el boletín de adhesión, ello indiciariamente no sería por considerarlo ilegal, pues no había puesto reparo alguno a la inclusión de Santoyo, sino por temor a ver directamente asociado el nombre de Lanzas con Mercasevilla".
Finalmente, Vitalia hizo a Lanzas una póliza individual y su exclusión de la póliza suscrita con Mercasevilla "no rebajó la prima a pagar por la Junta y supuso que se incrementaran las comisiones a recibir por Vitalia, quien con cargo a estas sobrecomisiones abonaría la póliza individual que hizo a Lanzas por importe superior a 13.000 euros".
La juez señala que, del total de las primas por razón de esta póliza, le correspondería pagar a la Junta el 94 por ciento, es decir 8,8 millones, cuyo pago "sería autorizado por Guerrero el último día de su mandato" aunque finalmente "no llegaría a efectuarse".
Lanzas percibió casi medio millón de euros
Alaya acusa también a Mellet de haber abonado los servicios del comercial de Vitalia Francisco José González y de Lanzas "con cargo a los fondos de Mercasevilla", agregando que Lanzas habría facturado a través de Maginae Solutions, empresa de su cuñado Ismael Sierra, una serie de servicios por un total de 166.048 euros, "justificándolos como actuaciones para la mejora de la plantilla y servicios de asesoramiento, cuanto realmente irían encaminados a satisfacer la comisión de Lanzas en el ERE de 2007".
Finalmente, Lanzas percibió por sus mediación en los ERE de Mercasevilla un total de 492.655 euros.
La juez asevera que, "en este continuo flujo de intercambio de favores", Mellet "conseguiría que la empresa del grupo empresarial vinculado a Lanzas 'Al Andalus Mass Media Channel' contratara" al exconcejal del Ayuntamiento hispalense José Antonio García, quien habría percibido 9.321 euros.