El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha considerado que el plan de garantía juvenil debe beneficiar solo a los jóvenes de entre 16 y 25 años, rechazando así la propuesta que ha realizado la Eurocámara a la Comisión Europea para que amplíe su aplicación hasta los 30 años.
En una entrevista con Efe, el líder de CC.OO. ha explicado que este plan debe destinarse solo a personas que acaban de finalizar sus estudios y no tienen experiencia laboral y que, para el resto, "hay que buscar otras alternativas".
La garantía juvenil, con un presupuesto cercano a los 6.400 millones de euros (1.800 millones para España), busca que los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta formativa o laboral tras cuatro meses de inactividad.
Para el resto de los desempleados, CC.OO. aboga por un plan de choque que tenga en cuenta que el mayor volumen de paro se concentra en las personas de entre 30 y 45 años, que fueron expulsadas del mercado en sectores vinculados a la construcción y que provienen del abandono escolar temprano, por lo que necesitan programas de cualificación adecuados.
Reducir el paro
Para reducir el paro, también es necesario un papel más activo de los servicios públicos de empleo, ha dicho Toxo, quien ha considerado imprescindible dotarlos de más recursos humanos y técnicos, porque solo con la voluntad del personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "no es suficiente".
El secretario general de CC.OO. se ha mostrado en contra de la inclusión de las empresas de trabajo temporal (ETT) en el mercado de la colocación.
Ha recordado que, ya en su día, el sindicato se opuso también a las agencias de colocación con ánimo de lucro porque es "privatizar los dramas de la gente para obtener beneficios".
"Fortalecer los servicios públicos de empleo"
Así, para Toxo, el objetivo ha de ser "fortalecer los servicios públicos de empleo", en un mercado en el que también podría haber espacio para las agencias de colocación, pero sin ánimo de lucro.
La regulación de las agencias privadas de colocación ha sido una de los últimos cambios normativos aprobados, junto a la Ley de Mutuas, con la que el Gobierno "ha perdido la oportunidad de poner orden" en estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
El secretario general de CC.OO. ha considerado que, teniendo en cuenta las funciones que van a asumir las mutuas de accidentes de trabajo, deberían ser integradas dentro de la Seguridad Social, lo que pondría fin a la gestión de recursos públicos por parte de estas entidades privadas, a la vista de los últimos "escándalos" conocidos.
Proyecto de Ley de Mutuas
El proyecto de Ley de Mutuas, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, rezuma un "tufillo" que viene a "culpabilizar a la Seguridad Social de los "pretendidos altos índices de absentismo laboral".
A juicio de Toxo, la tasa de absentismo "ni es tan alta" -con la crisis se ha reducido- "ni se puede achacar a las bajas por enfermedad común que gestiona la Seguridad Social", algo que sería como "acusar de prevaricación a los profesionales de la medicina del Sistema Nacional de Salud".
Aunque el proyecto de ley ha mejorado su redacción original en cuanto a la potestad de gestionar el alta médica que se otorga a las mutuas de accidentes de trabajo, impone un "intervencionismo desde el primer día que nos preocupa", ha dicho Toxo.
En plena segunda fase de la legislatura, Toxo ha indicado que, aunque la economía española ha salido de la recesión, "el crecimiento es tan tímido que no genera empleo suficiente ni de calidad, por lo que España tardará mucho tiempo en salir de la crisis".
En este sentido, el secretario general de CC.OO. ha manifestado la percepción de "una cierta inflexión" en el empleo público, que está llamado a "tomar un mayor protagonismo" en la recuperación del mercado laboral.