La Policía ha realizado una docena de nuevas detenciones en las provincias de Málaga y Granada relacionadas con el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, según han señalado fuentes cercanas a la investigación.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid ha desarrollado esta operación, según recoge Efe, sin que haya trascendido la identidad de los arrestados.
En Málaga hay ocho nuevas detenciones y otras cuatro en Granada, en concreto, dos en la localidad de Guadix y otras dos en Albolote.
La operación seguirá abierta durante los próximos días, según fuentes policiales. Las pesquisas se habían centrado hasta ahora en las provincias de Málaga o Almería, y con estos arrestos se extiende también a la provincia de Granada.
Investigación iniciada en mayo de 2013
En Málaga, el fiscal solicitó hace un mes que declarasen como imputados funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones y los responsables de las entidades donde se detectaron irregularidades en la obtención de las ayudas y en la aplicación de los fondos recibidos.
El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, consideró entonces que los hechos investigados pueden constituir presuntamente delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Decano malagueño que investigara este presunto fraude tras llevar desde mayo de 2013 estudiando el caso y recibir los informes de los investigadores y el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga incoó las diligencias previas y volvió a remitir la causa al decano para su reparto.
Irregularidades en 17 empresas
De hecho, según la UDEF, estas supuestas irregularidades se detectaron en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias en Málaga, pero podrían existir casos similares en otras provincias andaluzas, como el caso de Almería, de forma que la Fiscalía malagueña derivó el asunto en lo que respecta a esta provincia.
Recientemente, la Fiscalía de Málaga había solicitado al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado inicialmente estas irregularidades; "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".
El ministerio público decidió remitir el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados a un juzgado de Málaga capital para que se investigase y llevasen a cabo diligencias de pruebas, al estimar el fiscal que de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen "se desprenden indicios de responsabilidad penal".
Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias, según una nota informativa de la Fiscalía.
El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, que tendrá que decidir respecto a las solicitudes de declaración y otras peticiones realizadas por el fiscal.
Informes que apuntan a falta de control
La Fiscalía acordó en mayo de 2013 iniciar unas diligencias de investigación al recibir un informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se aludía a presuntas irregularidades en la obtención de ayudas por parte de personas y empresas en el marco de los planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. En informes posteriores se aludía a la falta de control de esas ayudas.
Por su parte, la Fiscalía de Almería ha remitido también al Decanato la denuncia para pedir que se judicialice la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía para cursos de formación en los años 2010 y 2011 al considerar que podrían existir indicios de delito.
Aprecia, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los hechos recogidos en los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.