La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la instrucción del caso Palau, que el juez concluyó en julio del pasado año, para que se impute por falsedad en documento mercantil a nueve empresarios de la construcción que cargaron al Palau supuestamente facturas falsas de obras realizadas en casa del saqueador confeso, el expresidente del Palau Fèlix Millet.
En un auto del 12 de junio recogido por Europa Press, la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) contra una resolución del 12 de julio de 2013 y pide tomar declaración a estos empresarios y practicar las diligencias necesarias para la instrucción.
La Audiencia también estima parcialmente el recurso planteado por la Fundación del Palau y declara la responsabilidad civil a título lucrativo de las hijas del saqueador confeso, Clara y Laila, porque ve indicios de que cargaron a fondos de la entidad más de medio millón de euros que costó su boda en el edificio modernista.
El auto también estima parcialmente el recurso de apelación de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y Associació Orfeó Català y declara la responsabilidad civil a título lucrativo de las hijas de Millet por 52.163,82 euros y 462.284,82, respectivamente.
La Audiencia sí ve indicios suficientes
Respecto a los empresarios, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, que instruye el caso, había considerado que "se limitaron a seguir las indicaciones" de Millet, Montull y su hija Gemma Montull en la facturación de las obras y servicios, sin sospechar que presuntamente con sus acciones estaban defraudando fondos del Palau, por lo que no vio necesario imputarlos.
Según este juzgado, creyeron "razonablemente que estos pagos se imputaban a créditos que los citados imputados ostentaban frente a dichas instituciones", pero ahora la Audiencia sí ve indicios suficientes para continuar la causa en su contra por girar facturas presuntamente falsas.
En este mismo auto, la Audiencia rechaza el recurso del extesorero de CDC Daniel Osàcar --que alegaba que el Juzgado de Instrucción 30 no motivaba las razones de su imputación-- porque los indicios para imputarle son "lógicos y racionales": la aparición de su nombre en documentos, anotaciones y correos de los principales acusados y la declaración de testigos.
El tribunal también desestima el recurso de CDC en que aseguraba que no hay indicios para fundamentar la petición de responsabilidad civil como partícipe lucrativo, porque no aportan ningún argumento nuevo que lo justifique.
La Audiencia ha desestimado los otros nueve recursos presentados; entre ellos los de la esposa de Millet --que afirmaba que no había concreción del dinero saqueado por el que debe responder como partícipe a título lucrativo-- y del exdiputado de CiU en el Parlament Jaume Camps (CDC), que consideraba insuficientes los indicios de responsabilidad contra él.