El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, ha sido condenado a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en el denominado caso Cooperación.
Blasco ha anunciado que renunciará de "forma inmediata" a su escaño en Las Cortes Valencianas tras ser condenado aunque recurrirá la sentencia, según recoge EFE.
El exconseller fue juzgado junto a otros ocho procesados, todos ellos condenados, entre enero y marzo de este año en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la pieza primera del caso Cooperación, referida al supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.
El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que se encontraba en prisión, desde el 23 de febrero de 2012, también ha sido condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.
Las ONG valencianas piden que se restituyan los fondos
Representantes de la Coordinadora valenciana de ONGD, concentrados ante el Tribunal Superior de Justicia, han acogido este miércoles con abrazos, vítores y pancartas que pedían justicia la sentencia judicial.
La coordinadora, que ha ejercido la acusación particular en el caso del desvío de las ayudas de la Generalitat a la cooperación internacional, ha reclamado la restitución de los fondos "que nunca deberían haber salido del objetivo de salvar a las personas más vulnerables del planeta".
El presidente de la coordinadora, Fernando Contreras, ha reclamado al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que adopte un compromiso público en la sede de Les Corts Valencianes para restituir esos fondos y que vayan "realmente" para apoyar a los más pobres, "no para pagar la deuda pública de la Generalitat".
Mientras que la consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado que el gobierno autonómico seguirá como acusación particular en el caso para reclamar los fondos que puedan haber sido detraídos o no utilizados correctamente.
Según la consellera, la sentencia dictada este miércoles, que también condena al exconseller a 20 años de inhabilitación, "demuestra que la justicia es igual para todos, para todas las personas independientemente de su condición".
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado "satisfecha" por la sentencia. Así, tras conocerse el fallo, el fiscal Vicente Torres, uno de los dos fiscales que asiste al juicio de la primera pieza del 'caso Cooperación' junto a Jesús Carrasco, se ha mostrado "satisfecho" por la resolución.
Delito continuado de fraude y malversación
Entre los condenados en el caso, al presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) -sin relación con la constructora del mismo nombre-, receptora de 1,8 millones de subvenciones para Nicaragua donde sólo llegó el 3 %, Marcial López, se le sentencia a cuatro años de cárcel, por el delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad, 4 años de inhabilitación y multa de 6 millones de euros.
Además, se le prohíbe recibir subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social en seis años. La exsecretaria administrativa de la Conselleria Tina Sanjuan ha sido condenada a siete años y medio de cárcel, y diecisiete años y medio de inhabilitación, por malversación, prevaricación y falsedad.
El exjefe del Área de la dirección general de Cooperación Marc Llinares ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, once años de inhabilitación y multa de 6.750 euros, por cooperación en prevaricación administrativa y falsedad.
El exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá tendrá que cumplir una pena de cuatro años y medio de cárcel, y siete de inhabilitación, y pagar una multa de 6.750 euros, por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documental.
El exjefe de gabinete de Blasco Javier Llopis ha sido condenado a tres años de prisión, dos de inhabilitación y multa de 2.700 euros por falsedad documental.
El exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip, el único ex alto cargo sin pena de cárcel, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
La pareja sentimental de Marcial López y secretaria de la mercantil Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos (ACIP), María Josefa Cervera, ha sido condenada a tres años y medio de cárcel por fraude de subvenciones en concurso con delito de falsificación.
También se impone a Cervera una multa de cuatro millones de euros y la prohibición de recibir ayudas, subvenciones o incentivos fiscales en cinco años.
El tribunal condena a Tauroni, López y Cervera, los únicos que no eran altos cargos del Gobierno valenciano, al pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat de casi 1,8 millones de euros.