La Inspección de Trabajo ha cuestionado en su informe el ERE del embotellador único de Coca-Cola por falta de información que lo justifique, por desconocerse su incidencia en los temporales y por no informar de las razones de los despidos de forma previa, entre otros motivos. Así figura en el documento remitido a la Dirección General de Empleo, al que ha tenido acceso Efeagro.
CC.OO. ya había impugnado el despido colectivo contra la pluralidad de empresas que conforman el grupo mercantil de Coca-Cola Iberian Partners, por el ERE que contemplaba el despido de 1.190 trabajadores y el cierre de las plantas de Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social asegura que se ha comprobado que no se aporta a los sindicatos la documentación adicional solicitada que aclare los criterios para que se aprecie "de una forma clara y precisa" las causas productivas y organizativas que la compañía alega para acometer este ERE.
Según indica, la compañía tampoco ha aportado información que explique las transferencias de producción entre plantas, la gestión de mercados, el suministro de las plataformas de producto y todo lo que "identifique y clarifique de manera precisa el impacto del ERE".
170 contratos temporales durante el ERE
El informe detalla que la compañía contrató a 170 trabajadores temporales y realizó 40 contratos indefinidos durante el periodo del procedimiento de despido colectivo, sobre todo en las embotelladoras Cobega, Colebega y Norbega.
Además, desde la fecha del inicio del periodo consultas y hasta el 14 de marzo, refleja que se han producido extinciones de contratos, tanto de trabajadores temporales como indefinidos, no habiéndose realizado comunicación, ni aportado alguna relacionada con estos hechos.
La Inspección de Trabajo precisa que las siete embotelladoras dieron de baja 154 trabajadores entre el 24 de enero y el 14 de marzo, de las que 6 corresponden a contratos indefinidos y 148 a temporales.
Las embotelladoras más activas en contratación de trabajadores fueron Cobega (dio de alta a 65 trabajadores); Colebega (54); Rendelsur (52); Norbega (20), Begano (18) y Casbega (1), mientras que Asturbega no realizó ninguna contratación. Los trabajadores dados de baja (en total, 154) fueron en Norbega (70); Cobega (38); Asturbega (14); Casbega (13); Begano (10); Rendelsur (7) y Colebega (2).
La Inspección subraya que la empresa entregó una documentación contradictoria en relación con los trabajadores eventuales que hay en cada una de las embotelladoras. Los cuadros, contrastados con la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, "no coinciden ni en número total de trabajadores, ni respecto de los temporales, con ninguno de los listados aportados por la sociedad durante todo el proceso".
Según el texto, se ha constatado que al inicio del periodo de consultas había "trabajadores temporales dados de alta en los centros de trabajo que van a ser objeto de cierre, que ya no permanecen en la mercantil a la fecha de elaboración de este informe".
Difícil saber los afectados en cada centro de trabajo
Hace "especial mención", además, a la complejidad con la que se han elaborado los listados de los trabajadores de este expediente, que no permite "determinar con facilidad el número de empleados que se verán afectados en cada centro de trabajo individualizado".
Según el texto, tampoco se aporta la incidencia que el cierre de determinadas plantas, o la reorganización de centros de trabajo, tendrá sobre los trabajadores con contratos temporales que pertenecen a los que cierran o a las divisiones que se trasladan a otras ciudades.
Para la Inspección de Trabajo, la documentación aportada por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) no permite analizar si otras mercantiles deberían estar integradas en el grupo a efectos laborales y si por este motivo "debería haberse aportado documentación sobre ellas".
A su juicio, probablemente debería haberse dedicado, antes de que se produjera la comunicación del despido, "un mayor tiempo para el conocimiento de las circunstancias" que lo han propiciado.
Más tiempo para explicar el plan de empresa
En concreto y según la inspectora que firma el texto, María Foret, se debería haber dedicado más tiempo al estudio y explicación del plan de reorganización, "máxime cuando la compañía ha manifestado que ya en junio de 2013 se solicitó a una empresa experta un informe sobre la reorganización de CCIP".
En cuanto a la composición de la comisión representativa, el informe refleja que, pese a la "buena fe" alegada por CCIP a la hora de determinar el número de representantes que por cada sindicato conformarían la comisión, no ha quedado acreditado que existieran secciones sindicales a nivel de grupo legalmente constituidas.
Añade que CCIP tampoco ha aportado documentación relativa a la existencia de esas secciones sindicales de cada uno de los sindicatos representados en el mesa y por cada uno de los embotelladores. Por ello, considera que "se debería haber tenido únicamente en cuenta la representación existente en los centros de trabajo afectados".
Concluye que no se ha podido entrar en la valoración sobre si los criterios de designación de los trabajadores son discriminatorios o no a la fecha del informe, ya que no existe relación nominativa de trabajadores afectados distinguiendo entre extinciones y recolocaciones.
Inspección de Trabajo recuerda la advertencia que la autoridad laboral ha realizado a CCIP debido a que reconoce unas mejores condiciones económicas únicamente para aquellos trabajadores que se acojan voluntariamente a las medidas propuestas por la sociedad, tanto extintivas como de recolocación.
CC.OO. ve "ocultación de información"
El responsable de la secretaría de Acción de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., José Vicente Canet, cree que el informe de la Inspección de Trabajo que cuestiona el ERE "refleja lo que ha sido este proceso de ocultación de información y de pasar el rodillo rápido". Para Canet, relata "hechos que nosotros reclamamos en la demanda que está en la Audiencia Nacional".
En su opinión, desde un principio ha habido una "ocultación clara y manifiesta de la reestructuración y la fusión de los embotelladores en el grupo Iberian Partners, y eso se tendría que haber comunicado a los representantes sindicales antes del ERE, lo que ha supuesto unas deficiencias de conocimiento de lo que es el grupo y de indefensión en la negociación.
"Ha sido prácticamente imposible a los responsables sindicales sentarse en una mesa, tener todos los elementos de juicio y poder reducir el impacto del ERE, porque previamente no conocían la consolidación como grupo y en qué consistía", ha declarado.
Añade que deja claro que no existen secciones sindicales de grupo, porque "si no comunicó que se había fusionado, tampoco que había una sección sindical de grupo; por ello son inexistentes". En cualquier caso, Canet ha indicado que el informe resalta que la mesa se ha constituido mal porque "se hizo con todos los centros productivos y no solo con los afectados".
Para el sindicalista, el informe "deja claro que ha habido una clara ocultación de información, que se había solicitado reiteradamente por la parte sindical durante el periodo de consultas para negociar y alcanzar un acuerdo", y como resultado "ha sido casi imposible establecer una negociación racional por la falta de información y documentación solicitada y necesaria y que no se ha tenido".