La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo del PP no va a permitir "actos de naturaleza ilegal", como que Artur Mas saque las urnas a la calle para celebrar un referéndum, como advirtió este jueves en el Parlament.
Es más, ha dicho Santamaría que ya han recurrido las aportaciones realizadas por 28 municipios a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para promover la independencia de Cataluña.
"Este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones", ha afirmado rotunda Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le ha preguntado si el Gobierno puede garantizar que el 9 de noviembre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no colocará las urnas en la calle como ha anunciado.
La 'número dos' del Ejecutivo ha asegurado que los ciudadanos deben tener "la completa seguridad" de que el Gobierno del PP "cumple y hace cumplir las leyes". "Y las hará cumplir. Ningún Gobierno, y éste no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal", ha enfatizado.
A renglón seguido, ha recordado a Artur Mas que es presidente de la Generalitat gracias a la Carta Magna y las leyes, y ha añadido que "todos" están sujetos a la ley porque "son la base de la convivencia".
"No es bueno ver a un cargo público hablar en los términos en que lo hace", ha declarado, para recordar que hace pocos meses el propio Mas era "muy consciente" de que la legalidad "obliga a todos". Y ha añadido: "El Gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres".
Recurso contra las aportaciones de 28 ayuntamientos
Preguntada después si el Ejecutivo tiene previsto actuar contra la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) que es la que está marcando la hoja de ruta de la independencia, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Ejecutivo ya está tomando decisiones sobre aspectos que afectan a esa asociación.
Así, ha señalado que hay casi 30 ayuntamientos que ha realizado aportaciones de "naturaleza económica" a la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña "para ayudar a esos esfuerzos en el cumplimiento de ese calendario" por la independencia.
Según ha agregado, 28 de esas aportaciones han sido ya recurridas por la Delegación del Gobierno en Cataluña ante la jurisdicción contencioso-administrativa. "El Estado, a través de la Abogacía del Estado, está recurriendo aquellas decisiones de ayuntamientos que están colaborando con esas asociaciones para perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara", ha dicho.
En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado que, aunque la resolución de esos recursos aún está pendiente de los tribunales, ha habido una "posición muy activa" por parte del Gobierno de Rajoy para "preservar la legalidad", reaccionando contra aquellas actuaciones que considera "contrarias" a la Constitución.
No descarta explicar las consecuencias de una secesión
Además, Sáenz de Santamaría no ha descartado que el Gobierno explique en el Parlament de Cataluña las consecuencias que podría tener la secesión. Así lo ha asegurado preguntada sobre la posibilidad de que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparezca para explicar el informe "Por la convivencia democrática", que su Ministerio ha distribuido a embajadas y consulados españoles.
Le corresponde al Ministerio de Exteriores "poner de manifiesto" a las embajadas "cuál es la situación y las consecuencias" que tendría una Cataluña independiente, ha explicado la vicepresidenta.
Los ciudadanos, ha apuntado, tienen que saber cómo afectaría la secesión a su economía y a la posición internacional de Cataluña, que supondría, ha señalado, su salida de la UE y del euro, además de dificultades para el reconocimiento internacional.
También ha recordado que Artur Mas es presidente de Cataluña porque "la Constitución y las leyes" le permiten serlo, y que "todos" los ciudadanos están sujetos a la ley, pero además quienes ostentan un cargo público "tienen la obligación de cumplirla y hacerla cumplir".