El comité de expertos para la reforma fiscal ha presentado este viernes su informe para modificar el sistema tributario español. En la propuesta, no vinculante, se propone reducir el IRPF (tanto en tipos como en tramos); pasar todos los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA del 10% al tipo general del 21%, excepto los que se aplican a vivienda, turismo y transporte de personas; bajar de forma gradual el tipo general del Impuesto de Sociedades del 30% al 20% o 25%; suprimir el impuesto sobre el Patrimonio y elevar otros impuestos indirectos, como el del alcohol, el tabaco y el gasóleo.
La reforma, que incluye 270 cambios tributarios, tiene dos líneas básicas: la primera consiste en un cambio de composición de la cesta de impuestos -bajada de los directos y subida de los indirectos- y la segunda, en la reducción de las cotizaciones sociales a cambio de subir impuestos indirectos como el IVA, lo que se conoce como devaluación fiscal.
Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente del comité, Manuel Lagares, que ha destacado que el primer bloque -que incluye la reforma del IRPF, IVA y Sociedades, además de la lucha contra el fraude- se podría aplicar desde el 1 de enero de 2015. Mientras, el segundo bloque, que incluye la rebaja progresiva de las cotizaciones sociales y la subida de impuestos indirectos, se llevaría a cabo "más adelante, cuando la financiación de las pensiones se estabilice".
Bajar y cambiar el IRPF
Sobre el IRPF, el comité propone reducir a cuatro los siete tramos del IRPF y bajar al menos cuatro o cinco puntos el más bajo. En la propuesta se explica que el tipo mínimo, que se aplica al primer tramo, se debería de reducir "en las proximidades del 20%" desde el 24,75% actual. Esta bajada debería ser mayor, apuntan los expertos, si el Ejecutivo pudiera porque las condiciones económicas lo permiten. Quedarían exentas las rentas inferiores a 12.000 euros anuales.
Por su parte, considera que el tipo máximo no debería superar el 50% en el tramo estatal, que en la actualidad está en el 52%."El Estado no puede participar más de lo que yo participo", ha asegurado Lagares en la rueda de prensa, que ha calificado de "confiscatorio" un tipo superior a ese 50%.
Además, la comisión plantea de forma genérica una rebaja en la tarifa del IRPF atendiendo a las circunstancias personales de los ciudadanos, así como una revisión "significativa" de los mínimos personales para favorecer a las familias con hijos o ascendientes a su cargo.
El tramo más bajo de renta (20%) sería, asimismo, el tipo único con el que se gravaría el ahorro -incluidos los rendimientos de capital mueble e inmueble- frente a los tres actuales del 21% para las ganancias hasta 6.000 euros, del 25% hasta 18.000 euros y del 27% a partir de esta cifra.
Además, se mantiene el tratamiento fiscal de los fondos de pensiones y se apuesta por extender su trato a cuentas de ahorro a largo plazo. El objetivo de todo esto, dicen los expertos, es incentivar el ahorro.
Y, en una medida que afecta sobre todo a los autónomos, propone erradicar cualquier sistema tributación por módulos por ser una "bolsa de fraude".
Nuevo IBI y fin de la deducción por adquisición de vivienda
También solicitan imputar la vivienda habitual en propiedad como renta, algo a lo que ya se ha opuesto el Gobierno, hasta que se apruebe una revisión al alza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La imposición de este nuevo IBI, ha explicado el catedrático, debe de ser "seria", lo que no significa que sea "especialmente gravosa", pero sí "más igualitaria". Este nuevo IBI gravaría anualmente el valor patrimonial de todos los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, situados en territorio de régimen común.
Ese nuevo IBI provocaría la desaparición progresiva del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que según el comité afecta a bienes ya gravados por el IVA y desincentiva la realización de transacciones.
Sobre la deducción por compra de vivienda habitual, el comité cree que es mejor que no exista. Pero lo que proponen no es eliminarla de forma retroactiva, sino anticipar la desgravación "aunque no pagues al banco", según Lagares, en un calendario de plazo "suficientemente largo", entre 5 y 10 años.
Es decir, imaginemos que la medida entra en vigor en 2015 y que entonces quedan 20 años de hipoteca. Si no se amortiza antes, y se decide que se puede disfrutar de la desgravación en 10 años, el contribuyente podría desgravarse el doble cada año siempre que llegue al tope máximo deducible actual.
Más productos con el IVA al 21%
Los expertos no plantean una subida de los tipos del IVA que existen en la actualidad -que se quedarían en el 4%, 10% y 21% tras la última subida aprobada por el Ejecutivo en 2012-, pero sí un cambio de productos de un tipo a otro.
"En el general del 21% tributan pocas cosas", ha afirmado Lagares en rueda de prensa, donde ha asegurado que el superreducido "es intocable porque son bienes de primera necesidad y deben quedarse así".
Por tanto, sobre esa base, el comité propone que todos los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA -el del 10%- pasen a gravarse con el 21%, salvo turismo, transporte de personas y vivienda.
En el informe el comité de expertos señala que no sería adecuado gravar la vivienda nueva a más del 10% debido a las dificultades que introduciría en el proceso de liquidación del stock de viviendas nuevas que actualmente están sin vender.
También incide en que modificar el tramo que grava los bienes y servicios del sector turístico perjudicaría la competitividad en España y cree que subir el tramo de IVA sobre el transporte de personas (transporte público) también tendría un impacto sobre la oferta de trabajo.
Por otra parte, el catedrático señaló que de cara al futuro, "en un plazo próximo de tiempo", en España habría que avanzar en una subida de tipos del IVA para poder rebajar las cotizaciones sociales.
Otros impuestos indirectos
El grupo de expertos que ha diseñado las recomendaciones para la reforma fiscal que prepara el Gobierno cree bueno suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, compensándose la pérdida de su recaudación a través de un incremento del impuesto sobre la Electricidad.
En otros impuestos, los expertos abogan por incrementar progresivamente la imposición sobre el alcohol y el tabaco, así como considerar la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino. También es partidaria de suprimir el impuesto sobre depósitos bancarios o, en todo caso, considerarlo "indelegable" a las comunidades autónomas.
Además, llaman a considerar el cobro de peaje en infraestructuras para recaudar hasta 4.900 millones, plantean un régimen especial para atraer inversión extranjera en zonas de turismo residencial y solicitan subir el gravamen del gasóleo y equipararlo al de la gasolina.
Sobre la carga de las cotizaciones sociales, los expertos quieren que se redistribuyan a favor de los empresarios.
Bajar impuesto de Sociedades de forma progresiva
Sobre el impuesto de Sociedades, el comité defiende la necesidad de reducirlo de "manera significativa", desde el 30% actual "hasta los alrededores del 20%" de una forma escalonada, "por etapas", con una posición intermedia "situada quizá en las proximidades del 25%".
La propuesta aboga por suprimir el régimen especial de las empresas de reducida dimensión "pues suele tener efectos muy negativos sobre la productividad, supone un desincentivo para el crecimiento y les impide beneficiarse de las economías de escala". "Un mismo impuesto para todas las empresas, las grandes y las chicas", ha dicho Lagares.
La comisión aboga por eliminar exenciones, reducciones y bonificaciones. El objetivo, afirman, es aproximar los tipos efectivos de gravamen a los tipos legales, de forma que se faciliten las decisiones de inversión y se impidan estrategias empresariales decididas por motivaciones fiscales.
El documento plantea "la supresión de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la deducción por inversión de beneficios, por inversiones medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y las deducciones por creación de empleo".
Además pide limitar la deducibilidad de los gastos financieros. "Ahora las empresas tienen un 70% de deuda y 30% de capital propio, algo que hay que equilibrar al 50%-50% en tres o cuatro años", según Lagares. Por eso pide que no se considere como fiscalmente deducible el importe de los gastos financieros netos que se deriven de un exceso de endeudamiento.
Lagares también ha hablado de la doble imposición. "En el caso de las Sociedades que tienen actividad en el exterior, para tener derecho a la exención tendrán que haber tributado fuera por un mínimo del 10%. Si no, no tendrían derecho y deberían pagar el impuesto íntegro en España", ha afirmado en la rueda de prensa.
Fin del impuesto de Patrimonio
Además, la comisión plantea la "eliminación definitiva" del impuesto sobre el Patrimonio en línea con "la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados", por "sus efectos negativos sobre el ahorro".
Por otra parte, apuesta por mantener el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que tendría una tributación mínima y homogénea en todas las comunidades autónomas en un rango de entre el 4 y el 10%, "en función del grado de parentesco". Los expertos justifican el mantenimiento de este impuesto en "la mejora de la igualdad de oportunidades y en favorecer la equidad del sistema".
En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, el comité apuesta por reducirlo "hasta su desaparición, al introducirse el nuevo IBI". El comité opina que este impuesto, que se paga por la transmisión de viviendas y coches de segunda mano, "grava la transmisión de un bien ya gravado por el IVA, por lo que lo considera ineficiente al desincentivar la realización de transacciones".
Las autonomías pueden establecer sistemas de copago
La comisión cree que se debería conceder una mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas "para establecer sistemas de copago en los servicios públicos de su competencia" y así mejorar la capacidad de financiación de esos servicios. Y recomienda una "cuidadosa valoración de las facultades normativas cedidas o que se cedan en el futuro a las autonomías y una mejora sustancial de la imposición sobre bienes inmuebles".
Los expertos subrayan que la descentralización de impuestos implica "inevitablemente" su diferenciación entre las distintas comunidades, lo que puede provocar "perturbaciones en la unidad del mercado interior e, incluso, en las conductas de los contribuyentes" lo que puede, finalmente, redundar en "rupturas importantes del principio de neutralidad fiscal".
La comisión analiza que esa descentralización resulta "óptima" cuando los bienes gravados carecen de movilidad -como ocurre con los inmuebles- pero resulta "ineficiente", cuando se aplica sobre bienes de alta movilidad. Por ello, la comisión insiste en ser muy exigentes a la hora de valorar las facultades normativas de las autonomías.
En el caso del IRPF, los expertos calculan que la actual cesión del 50% "parece adecuada", mientras que en el caso de los impuestos medioambientales consideran que "no están efectivamente justificados" y, además, generan "una notable dispersión legislativa con consecuencias negativas para la unidad de mercado interior y la neutralidad". Por ello, proponen una "revisión en profundidad" de estos impuestos y "su eliminación en algunos casos".
Asimismo, los expertos creen que deberían suprimirse los impuestos autonómicos sobre grandes superficies comerciales y de servicios porque tienen efectos negativos sobre la unidad de mercado.
También plantean más coordinación respecto a la capacidad de las comunidades para establecer nuevos impuestos propios y diseñar un procedimiento que permita juzgar dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "si los nuevos tributos propuestos están ya gravados por el Gobierno central, si afectan a la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales y si obstaculizan las transacciones".