El Parlamento de Turquía aprobó a última hora del miércoles una controvertida normativa que refuerza el control estatal sobre Internet, algo que la oposición considera una forma de censura y de limitar la libertad de expresión, mientras que el Gobierno insiste en que sólo protege la intimidad.
Lo más polémico de la normativa es el enorme poder con el que contará la Dirección de Telecomunicaciones (TIB), un organismo estatal, para acceder a datos privados sin mediación judicial, según denunció la oposición en sede parlamentaria.
Esa autoridad podrá solicitar y guardar las comunicaciones y los datos de tráfico de servidores y proveedores de Internet sin argumentar los motivos, según lo dispuesto en la normativa.
El TIB también podrá bloquear cualquier página digital que, a su juicio, considere que ha vulnerado la intimidad o sea considerada discriminatoria o insultante, incluso cuando nadie haya solicitado tales medidas.
"Tratan de imponer el fascismo"
Según informa la prensa turca, citada por Efe, la normativa, incluida dentro de un paquete legislativo, se aprobó gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el gubernamental partido islamista moderado de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y después de largas horas de intenso debate con un duro intercambio de reproches entre Gobierno y oposición.
"Cuando llegaron al poder decían que iban a reforzar la democracia. Ahora lo que tratan es de imponer el fascismo", criticó durante el debate el diputado de la oposición laica Hasan Ören, del Partido Republicano del Pueblo (CHP).
Asociaciones de periodistas turcos han apuntando que el Gobierno sólo pensó en reforzar los controles sobre Internet cuando conoció la investigación a altos miembros del AKP por corrupción el pasado diciembre y se hicieron públicas en Internet conversaciones comprometidas de altos cargos de la formación.
Críticas de la sociedad civil
La Asociación de Industriales y Empresarios Turcos ha advertido en una carta pública que esas polémicas disposiciones para proteger la intimidad son un acto de "censura" y tiene efectos negativos en los derechos humanos.
Las organizaciones internacionales de prensa, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, también han mostrado su preocupación por la limitación de la libertad de expresión que supone esta normativa.
También la Unión Europea ha mostrado su "fuerte preocupación" por la nueva norma. El portavoz del comisario europeo para Ampliación,Stephan Füle, ha pedido que sea revisada "según los estándares de la UE".
Las protestas contra el Gobierno del pasado verano se organizaron por las redes sociales, y el Ejecutivo criticó entonces que eran utilizadas para "provocar" y "difundir mentiras" que ponían en peligro "la seguridad pública".