Un tribunal administrativo colombiano ha suspendido temporalmente los efectos del fallo administrativo que destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al resolver un recurso de amparo interpuesto por sus abogados.
Los defensores del alcalde han informado a los medios sobre este recurso resuelto por el magistrado José María Armenta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que considera que la sanción viola los derechos fundamentales de Petro.
El texto señala que "se debe decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario".
“"La justicia y la ciudadanía pueden construir una Colombia democrática"“
Al conocer esta noticia, Petro ha expresado su "alegría por una noticia que muestra que si la justicia y las multitudes van de la mano se puede detener la tiranía, la arbitrariedad, se puede construir realmente una Colombia democrática y pacífica que son los objetivos que nos hemos propuesto".
"Justicia y multitudes le han ganado la batalla a la arbitrariedad", ha dicho en referencia a las manifestaciones de simpatizantes en la Plaza de Bolívar para expresarle su apoyo.
Santos tiene la última palabra
A pesar de esta resolución judicial, quien debe todavía ordenar el cumplimiento o la suspensión definitiva de la destitución e inhabilitación de Petro por quince años es el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Por ello, la acción de tutela pide además que Santos se abstenga de tomar una decisión sobre el destino de Petro hasta que el Tribunal Administrativo no resuelva el caso.
Por su parte, la Procuraduría estudiará en las próximas horas el fallo para decidir si impugnan o no la suspensión de la medida ante el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo.
La Procuraduría (Fiscalía) colombiana confirmó el lunes la sentencia del pasado 9 de diciembre que destituyó e inhabilitó a Petro durante 15 años por "tres faltas gravísimas" en la gestión de un nuevo modelo de recogida de basuras en la capital colombiana en diciembre de 2012. El alcalde, antiguo guerrillero, denuncia el fallo como un "golpe de estado" de la derecha.