La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este miércoles dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exsecretario general técnico de la Consejería andaluza Javier Aguado, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, según han informado a los periodistas fuentes del caso.
La comparecencia, cuyo comienzo estaba prevista para las 10,00 horas, se ha iniciado finalmente con casi dos horas de retraso, lo que ha motivado que la magistrada Mercedes Alaya pida disculpas al abogado del imputado, justificando dicho retraso en que tenía que hacer de manera previa unas diligencias.
Tras ello, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación a Javier Aguado, que fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2008, cuando lo sustituyó Lourdes Medina, también imputada en la causa y que prestará declaración una vez concluya la comparecencia de Aguado.
Ambos fueron imputados el pasado mes de junio por haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones, junto a otros 18 cargos o ex altos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Alvarez.