El juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía ha confirmado su decisión de embargar bienes por importe de 471.352 euros al exdirigente de CC.OO. en esa comunidad, Roberto Carmona Soto, para hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de la que su sindicato será responsable subsidiario.
La secretaria del juzgado de instrucción 6, en un decreto al que ha tenido acceso Efe, dice que el hecho de que Carmona haya recurrido la imposición de dicha fianza "no tiene efectos suspensivos" respecto a la decisión de pedirle que designe bienes a embargar hasta alcanzar la cifra fijada.
El pasado 15 de octubre de 2013, la juez Mercedes Alaya impuso una fianza civil de 251.041 euros a Salvador Mera, entonces secretario general de UGT en Cádiz, y de 471.352 euros a Roberto Carmona, secretario general de la Federación Siderometalúrgica de CC.OO. en Andalucía, en sendos autos en los que decretó la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos.
Mera y Carmona declararon en la rama de los ERE conocida como Operación Heracles 2 y referida a las sobrecomisiones que cobraban a la Junta las mediadoras en los ERE.
Pueden recurrir pero deben prestar la fianza
La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se estableció tras la declaración que prestaron como imputados ambos sindicalistas.
Ahora, la secretaria judicial mantiene que la diligencia de designación de bienes no debe esperar a que se resuelva el recurso contra la fijación de dicha cantidad, ya que los efectos devolutivos y suspensivos de un recurso solo pueden aplicarse en los casos determinados por la ley.
El decreto cita la jurisprudencia de la Audiencia de Granada, según la cual los imputados pueden ejercer su derecho de recurrir en apelación pero también deben prestar la fianza, que les sería devuelta en caso de que el tribunal estimase la nulidad de actuaciones solicitada. "No puede actuarse de otra forma, habida cuenta el carácter preventivo que las medidas cautelares reales revisten", según dicha jurisprudencia.
Según la Guardia Civil, los sindicatos percibieron por los expedientes analizados hasta ahora 7.648.815 euros que "trataron de justificar como trabajos de recopilación de datos o asesoramiento".