El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha dicho este martes que ni pide el carné político ni le interesa la ideología de ningún funcionario, ya que considera que pensar igual que otra persona no es garantía de mayor entendimiento a la hora de trabajar juntos.
Menéndez ha dicho en declaraciones a Onda Cero recogidas por la agencia EFE que el hecho de que ex altos cargos de la época socialista ocupen máximas responsabilidades en la Agencia es algo "absolutamente normal" que "no genera ningún problema", después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya asegurado que estaba llena de socialistas.
Para Menéndez, las declaraciones del ministro solo ponen de manifiesto que no hay injerencia política. "Eso es normal y eso no debe generar ningún problema y esto lo que demuestra es que el ministro de Hacienda no realiza ninguna injerencia política ni de presión sobre contribuyentes, sobre nombramientos o sobre personas concretas, que ni sabe quien viene ni quien va. Eso es lo que demuestra el comentario del ministro", ha subrayado.
Menos destituciones que con Zapatero
Menéndez ha diferenciado entre los funcionarios que pasan de puestos de libre designación o a otros puestos de libre designación, y entre los que pasan de puestos de libre designación a puestos de concurso. Es en este segundo caso cuando, en su opinión, se puede hablar "estrictamente" de cese, según recoge la agencia Europa Press.
Al respecto, ha asegurado que en lo que va de legislatura se han destituido a 104 personas que ocupaban puestos de libre designación en la Agencia, mientras que en igual periodo de la primera legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fueron destituidas 119 personas, el 12% más.
Además, Menéndez ha afirmado que los cambios de equipo en el organismo son procesos "normales y habituales", que además no generan "ningún drama humano", pues nadie "se va a la calle", como en una empresa privada, sino que vuelven a su plaza de concurso, sin, además, notarlo mucho en los sueldos.
El director general de la Agencia Tributaria ha explicado además que los puestos de máxima responsabilidad suelen cubrirse por el sistema de libre designación, que permite más "flexibilidad" y el poder hacer equipos "más coherentes y cohesionados".
Diferencias con Luis Jones
Menéndez ha considerado "incomprensible" que como consecuencia del "relevo" de una persona concreta (una inspectora de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes) se esté hablando en los medios de comunicación de un contribuyente (en este caso Cemex). "Eso es grave y me disgusta, como creo que disgusta al personal de la Agencia", ha señalado.
Sobre la dimisión de Luis Jones, hasta hace poco director de Inspección Financiera y Tributaria, Menéndez ha reconocido que existían discrepancias, aunque no sobre labores o expedientes concretos, sino sobre determinados nombramientos o el momento de hacerlos, una competencia que es exclusivamente suya, aunque "escuche" a los departamentos afectados.
El "punto álgido" de sus diferencias con Jones, según Menéndez, fue a cuenta del nombramiento para sustituir al Jefe de Control del Departamento de Grandes Contribuyentes, Ignacio Ucelay. "Se fue generando una situación en la que él (Jones) decidió dimitir, aunque yo le pedí que esperara, que no era el momento, y que pensaba hacer una remodelación con el año cerrado", ha añadido.
Situación fiscal de la infanta Cristina
Preguntado por la controversia generada por los informes sobre la situación fiscal de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos, Menéndez ha explicado que se elaboró un primer informe en el que las rentas de la actividad de la sociedad se le adjudican a una única persona física, que es quien realiza, administra y gestiona la empresa.
"Eso se hace así siempre, porque es un criterio jurisprudencial consolidado que utiliza siempre para todos los contribuyentes de forma igual y general la Agencia Tributaria", ha dicho Menéndez.
Sin embargo, ha añadido, que el juez que instruye el caso, José Castro, solicitó otro informe en el que las rentas debían ser imputadas a la sociedad (y no a la persona física) de forma que "ese cálculo da una cuota inferior a 120.000 euros", el límite a partir del cual es considerado un delito fiscal.
No obstante, ha explicado que la Agencia Tributaria hizo saber al juez que el criterio más adecuado era el utilizado para el primer informe, si bien "quien toma las decisiones y quien sentencia es el señor magistrado".