La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, adelantó este martes que la postura de la Junta es devolver la paga extraordinaria de Navidad de 2012 devengada y no percibida "en plazos", esto es "dividida en partes", para ajustarlo a las posibilidades presupuestarias de la administración.
En esta línea, la Junta se ha comprometido a convocar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para pactar la devolución de la parte devengada de la paga extra de Navidad de 2012, una convocatoria que se producirá "en el plazo más breve posible", han informado fuentes del Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
"Con ello se garantizará la validez y extensión del acuerdo a toda la plantilla de la Junta, por cuanto se trata del órgano de mayor representatividad y legitimación", han precisado dichas fuentes.
Castilla y León da este paso pocos días después de que se conozca que el déficit acumulado hasta el mes de septiembre era del -0,61%, con bastante holgura respecto a su objetivo del año, del -1,27%.
Una "decisión muy trascendente" para los sindicatos
De la mesa general de negociación tienen derecho a formar parte los sindicatos que obtengan más de un 10% de los representantes del personal funcionario y laboral en las elecciones celebradas para ello y que, en el caso de Castilla y León, incluye CSI-CSIF, UGT, CCOO y FSES, en función de los resultados de los últimos comicios.
Tras la reunión que se celebró este martes entre consejería de Hacienda y sindicatos, CSI-F ha manifestado en un comunicado que Castilla y León será "la primera comunidad autónoma que devuelva la paga extra devengada a los empleados públicos, correspondiente a la Navidad de 2012, después de los diferentes pronunciamientos judiciales que se han producido dando la razón a los trabajadores".
Para CSI-F, esta decisión es "muy trascendente", ya que se trata de la primera administración del país en la que se reconoce "de manera implícita que la retirada de la paga extra de Navidad en 2012 fue una decisión contraria a derecho, puesto que cuando entró en vigor el decreto de recortes los empleados públicos ya habían cotizado por ella".