La futura Ley de Seguridad Ciudadana incluirá multas de hasta 600.000 euros para las concentraciones no comunicadas frente al Congreso de los Diputados u otras instituciones del Estado y para aquellos que graben y difundan imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo si atentan contra su honor y ponen en riesgo su seguridad. Amenazar, coaccionar, vejar o injuriar a un agente podrá ser sancionado con hasta 30.000 euros.
Según el anteproyecto que ha elaborado el Ministerio del Interior y que podría aprobarse este mismo viernes en el Consejo de Ministros, la nueva ley, que sustituirá a la vigente de 1992, incluye además la posibilidad de que las fuerzas de seguridad establezcan "zonas de seguridad" para evitar los escraches.
Aunque alguna agencia de noticias ha incluido en principio los escraches dentro de las infracciones muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros, Interior ha aclarado que como tal no será multados, independientemente de que sí pueden serlo actuaciones concretas de las personas que participen en ellos.
El Gobierno de Mariano Rajoy impulsa esta nueva ley 21 años después de la polémica ley Corcuera (conocida como la de "la patada en la puerta" y tumbada por el Tribunal Constitucional) con la oposición enfrente. El PSOE la ha calificado este martes de "ley de represión ciudadana" e Izquierda Unida de "patada en la boca de la democracia".
Los jueces seguirán teniendo la última palabra
El texto se ha redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
En cualquier caso, los tribunales de lo Contencioso Administrativo seguirán siendo la última instancia a la que podrá recurrir un ciudadano para evitar hacer frente a una sanción económica derivada de haber incumplido alguna de los preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En este sentido, son los jueces los que tienen la última palabra sobre la aplicación de esta ley tras estudiar el expediente de la Policía y la Delegación de Gobierno frente a las alegaciones de los ciudadanos.
Elevadas multas para evitar 'rodea el Congreso'
La futura Ley de Seguridad Ciudadana incluye 21 infracciones consideradas de "muy graves" con multas de 30.001 a 600.000 euros. Entre ellas están incluidas las concentraciones no comunicadas ante las instituciones del Estado como el Congreso aunque en ese momento no estén reunidos los diputados. Se podrá sancionar a los participantes y a quienes convoquen, dirijan o presidan estas protestas.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a infraestructuras críticas como una central nuclear o un aeropuerto.
También tendrán las multas más altas la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo si atentan contra su derecho al honor o su imagen y qeu puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.
Con esta medida se pretende evitar, informa Europa Press, que los asistentes a manifestaciones puedan grabar a antidisturbios, por ejemplo, y difundir luego sus imágenes en redes sociales.
Hasta 30.000 euros por insultar a un policía
Entre las novedades que incluye la ley están las sanciones por amenazar o injuriar a un agente de Policía, que se castigará con multas de 1.001 a 30.000 euros. Esta especial protección, señala Servimedia, busca garantizar el trabajo de las fuerzas policiales en determinadas actuaciones, como manifestaciones, donde en los últimos años los agentes han sido objeto de ataques denunciados por los sindicatos que representan a estos funcionarios.
También en lo que se refiere a las manifestaciones y la protestas, el texto elaborado por Interior considera infracción grave ir encapuchado u ocultando el rostro en situaciones en las que se está alterando el orden público y donde el ir emboscado ayuda a ese fin.
"Zonas de seguridad" para los escraches
La futura ley incluirá la posibilidad de establecer "zonas de seguridad" para evitar los escraches aunque sin establecer ninguna extensión determinada. Lo determinará las fuerzas policiales según las circunstancias.
Este asunto fue objeto de polémica en abril pasado, cuando en plena oleada de escraches contra domicilios de cargos públicos y miembros del PP se especuló con que la Policía Nacional y la Guardia Civil podrían imitar a la Ertzaintza, que en una de estas protestas contra dirigentes públicos estableció un perímetro de 300 metros frente a la vivienda del afectado.
Finalmente, el ministro Jorge Fernández Díaz aclaró que lo que se había transmitido a las fuerzas de seguridad estatales es que adoptasen las "medias necesarias" para que se garantizasen los derechos de todos los ciudadanos, lo que incluía la inviolabilidad de domicilio y la intimidad personal y familiar.
Multas para prostitutas y clientes
La futura ley multará a prostitutas y clientes con entre 1.001 y 30.000 euros si actúan cerca de lugares en los que haya menores, como los parques, o donde esta actividad pueda constituir un peligro para el tráfico, como los arcenes de las carreteras.
Por otra parte, los padres deberán hacerse cargo de la sanción económica por los daños que causen sus hijos en acciones violentas, según la propuesta del Ministerio del Interior para la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituirá a la todavía vigente de 1992.
Según el borrador que maneja el Ministerio, cuando un menor cause daños por perturbación del orden público en el mobiliario urbano o cometa cualquier infracción multada en la futura ley, serán sus padres los que tengan que asumir esa sanción económica.
Esta medida es similar a la que en su día se llevó a cabo con los menores que participaban en actos de kale borroka callejera en el País Vasco, según han recordado fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
Infracciones y multas
La propuesta inicial de Interior incluye, entre otros supuestos, las siguientes infracciones muy graves y graves, según recoge Efe:
INFRACCIONES MUY GRAVES: Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros
- La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.
- La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
- Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.
- Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
INFRACCIONES GRAVES: Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros
- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
- El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución. Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar.
- La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.
- El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.
- La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes.
- Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
- Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.