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Justicia rectifica y no recuperará de momento tres moscosos para sus funcionarios

RTVE.es
5 min.

Los funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en comunidades autónomas con competencias no transferidas y bajo la gestión del Ministerio,  no recuperarán por el momento los tres días de libre disposición, conocidos como moscosos, como había anunciado el sindicato CSIF, sino que lo harán cuando lo haga el resto de funcionarios de la Administración General  del Estado que será cuando las circunstancias económicas lo  permitan.

El Ministerio de Justicia explica en un comunicado que ha decidido  homologar los días de libre disposición de los funcionarios de la  Administración de Justicia al régimen general del resto de  funcionarios del Estado y, por ello, acuerda "dejar sin efecto" la  instrucción firmada este mismo jueves por la Dirección General de  Relaciones con la Administración de Justicia.

En esta instrucción se reordenaban los procesos de nombramiento  interino por bajas laborales y se compensaba con tres días de libre  disposición adicionales a los funcionarios del territorio del  Ministerio de Justicia.

"En virtud de ese acuerdo provisional, que ahora queda sin efecto,  se procedía a una compensación por la que no se cubrirían las bajas  inferiores a tres meses que se produjeran en los juzgados", explica  Justicia.

De esta forma, el Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón  dice quedar a la espera de conocer cuáles son "los términos exactos"  a los que, en su caso,  se acoja la modificación del Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas con carácter general para todos  los funcionarios públicos, y que se extenderá a todo el ámbito de la  Administración de Justicia.

Acuerdo, de momento sin efecto

Por ello, la Dirección General de Relaciones con la Administración  de Justicia convocará próximamente a los sindicatos para abordar la  nueva situación y seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de  nuevos acuerdos en la mesa sectorial de negociación.

Solo unas horas antes, el sindicato CSI-F había avanzado que los funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan bajo gestión del Ministerio y en comunidades con competencias no transferidas recuperarían tres días de libre disposición (conocidos como moscosos), que podrán disfrutar hasta el fin de este año 2013.

En concreto, el acuerdo anunciado por el sindicato CSIF, se refería a funcionarios de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y de comunidades donde las competencias no han sido transferidas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El sindicato explicaba a través de un comunicado que el Ministerio había accedido a que recuperen tres días de libre disposición "en compensación por los esfuerzos realizados durante la crisis económica, derivados de los recortes y el incremento de la carga de trabajo, por el déficit de personal", motivada por la "insuficiente" convocatoria de empleo público.

Además, CSIF señala que está trabajando para que "todos y cada uno de los empleados públicos" recuperen ese derecho que han logrado "arrancar" en la mesa de negociación del Ministerio de Justicia.

Para ello, a lo largo de esta semana, CSI-F anunciaba que iba a presentar diferentes  escritos en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas  para que reconozcan también los tres moscosos. En este sentido, el sindicato aseguraba además que ya había conseguido extender estos días libres a la Comunidad Valenciana.

En julio de 2012 se suprimieron tres de los seis días de libre disposición con los que contaban los funcionarios, los conocidos como "moscosos", y se eliminó su paga de navidad ese año.

UGT y CC.OO. rechazan la orden del Ministerio

Sin embargo, los sindicatos UGT y CC.OO. han mostrado su rechazo al reintegro de los tres moscosos. Ambos sindicatos coinciden en señalar que estos tres días 'moscosos'  adicionales se  conceden a cambio de una sobre carga de trabajo, ya que  ante una baja  de un funcionario, Hacienda establece un plazo de tres  meses para  poner en su lugar a un empleado interino.

UGT denuncia que el reintegro por parte del Ministerio de Hacienda   de tres días de libre desposición, habitualmente llamados 'moscosos',  a  los funcionarios de la Administración de Justicia no devuelve a  estos  trabajadores a la situación previa al decreto de julio de 2012  en el  que fueron suprimidos, pues entonces contaban con nueve de  estos días,  que quedaron reducidos a tres. Además, el sindicato  señala que esta  concesión se realiza a cambio de una mayor carga de  trabajo.

La responsable de Justicia de  UGT,  Victoria Carrero, ha explicado que, antes de la publicación del  decreto  'antidéficit', los funcionarios de Justicia contaban con  nueve días  'moscosos', frente a los seis con los que contaban en la  Administración  General del Estado (AGE).

Esto era así, según señala Carrero,  porque Hacienda había otorgado  con anterioridad tres 'moscosos' más  en el caso de la Administración  de Justicia en lugar a cambio de no  aplicar una nueva subida  salariales en este ámbito.

Tras el  decreto 'antidéficit', ambos ámbitos de la administración  quedaron  igualados con tres días de libre disposición, de modo que  los  funcionarios de Justicia perdieron hasta seis días 'moscosos'.  Así, los  tres días que ahora se reintegran en Justicia "no son una  devolución  real", sino la mitad de los días suprimidos a estos  trabajadores, según  Carrero.

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. (FSC-CC.OO.)  ha mostrado su "profundo rechazo" y "oposición radical" a la  instrucción del Ministerio de Hacienda en la que se reintegran a los  funcionarios de la Administración de Justicia tres días de libre  disposición, habitualmente llamados 'moscosos', que fueron suprimidos  en el decreto 'antidéficit' de julio de 2012, puesto se conceden para  compensar una mayor carga de trabajo.

En un comunicado, el sindicato denuncia que la instrucción fija un plazo de tres meses desde que uno de estos funcionarios causa baja y  es reemplazado por un empleado interino. "El Gobierno pretende ahorrar cuatro millones de euros por no  cubrir las bajas por enfermedad en tres meses y deteriorando aún más  el Servicio de la Administración de Justicia", indica.

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