El abogado de Rosario Porto, el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita que se declaren nulos los autos por los que se decretó el ingreso en prisión de su clienta, imputada por el asesinato de su hija, Asunta Basterra Porto.
La defensa adopta esta medida después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña rechazasen su puesta en libertad alegando riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
Además, este martes formalizará otro recurso ante la Audiencia de A Coruña contra la celebración del juicio con tribunal popular. En él plantea que, de mantenerse su competencia, serían nulas "todas y cada una" de las actuaciones practicadas desde el informe de avance de la autopsia de Asunta Basterra Porto hasta el 16 de octubre, día en el que el juez ratificó que el juicio sería con jurado.
En su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado alega "vulneración de derechos fundamentales", en concreto de "libertad personal" y "derecho a un proceso con todas las garantías".
Alegan "detención ilegal" y "contaminación del tribunal"
Así, argumenta que hubo "vulneración" del derecho de su clienta "a conocer los fines perseguidos" con la decisión de mantenerla en la cárcel. Apela, además, a la existencia de un supuesto de "detención ilegal".
Para ello, alega que se excedió el límite de las 72 horas establecidos para mantener una persona en situación privación de libertad, desde que el juez instructor emitió un primer auto decretando su prisión, el 27 de septiembre, hasta que amplió la parte dispositiva, con la motivación de su decisión, el 3 de octubre.
La defensa denuncia también un "supuesto de contaminación del tribunal", en alusión a los miembros de la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, por ser los mismos que se pronunciaron sobre su primer recurso contra el auto de prisión del juez instructor y el egundo, ya motivado.
También la defensa se opone a un tribunal popular alegando una "posible contaminación" de sus miembros, por la aparición de noticias del caso en los medios de comunicación.