La Ejecutiva Provincial de UGT de Cádiz ha dimitido en bloque este lunes ante la situación generada en la organización tras la detención y puesta en libertad con cargos de su secretario general, Salvador Mera, en relación con el caso de los ERE fraudulentos, según fuentes del sindicato.
El secretario de Comunicación de UGT-A, José Ginel, ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press, que los seis miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT Cádiz han presentado su dimisión en el transcurso de esta tarde mediante un escrito ante la dirección de la Unión General de Trabajadores en Andalucía.
Mera también ha presentado su dimisión, después de que hace unos días pusiera su cargo a disposición del sindicato, según ha explicado a Europa Press. La ejecutiva ha tomado la decisión al no obtener respuesta de Mera sobre su continuidad en el cargo, después de haberle dado un plazo de diez días.
Mera fue detenido el pasado 8 de octubre en la segunda fase de la investigación del caso, denominada como Operación Heracles, contra el cobro de sobrecomisiones en los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía y la supuesta financiación irregular de los sindicatos.
El día 11, tras tomarle declaración sobre las gestiones que llevó a cabo en su anterior cargo fuera de la provincia de Cádiz, Salvador Mera, fue puesto en libertad con cargos por la juez instructora del sumario, Mercedes Alaya.
Desde entonces UGT-Cádiz dirimía sobre el futuro de su secretario general, dado que su nombramiento había sido relativamente reciente. Según las mismas fuentes, en unos días la ejecutiva provincial nombrará una gestora, que en unos tres meses debe organizar un congreso extraordinario para nombrar a otra ejecutiva con un nuevo secretario general.
Fianza de 600.000 euros a un dirigente de CC.OO.
En el mismo marco de la invesigación sobre los presuntos ERE irregulares, la juez ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros al actual secretario general de la Federación de Industria de CC.OO.-A, Enrique Manuel Jiménez, todo ello en un auto en el que declara responsable subsidiario a la Federación de Industria del sindicato.
En un auto, al que cita Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asevera que, a raíz de la declaración judicial del imputado, "se ha puesto de manifiesto su participación activa" en la concesión de ayudas del expediente de Calderinox.
Así, "sería partícipe" a través de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de aplicación de ayudas sociolaborales a los trabajadores de Calderinox, medidas que consistían, "por una parte, en una percepción económica, debido a que se adeudaban nóminas, y por otra parte en un plan de jubilación para los trabajadores de mayor edad".
Estos compromisos, según la juez, "fueron adquiridos" por el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y por el director general de Trabajo en esa fecha, Francisco Javier Guerrero, a lo que se suma que el dirigente de CCOO-A "insistió" al posterior director de Trabajo, Juan Márquez, "para que las ayudas sociolaborales prometidas se ejecutaran".
Añade que, el 29 de diciembre de 2009, la Federación de Industria de CCOO-A, en la persona del imputado, aceptó la concesión de una ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor" de nueve extrabajadores de Calderinox, formalizándose una póliza "a la que se añadieron dos suplementos para incluir a dos 'intrusos', como son Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, quienes "nunca habían trabajado" en la empresa.