El Pleno del Congreso aprueba este jueves, con la mayoría parlamentaria del PP, la reforma educativa del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) , lo que supone el paso previo a su debate en el Senado.
Entre otras características, la reforma educativa que defiende el ministro José Ignacio Wert fija el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y establece evaluaciones finales de cada etapa educativa.
Aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 17 de mayo, la Lomce termina ahora su recorrido en la Cámara baja después de que en las últimas semanas haya superado las once enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición -excepto Foro Asturias y UPN- y el PP haya incluido 42 enmiendas parciales y transaccionado una treintena más tras acordarlas con UPyD, Foro, CC, UPN, BNG y ERC.
La ley superó su primer trámite parlamentario con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Foro de Asturias y Unión del Pueblo Navarro, que impidieron que prosperaran las once enmiendas del resto de la oposición.
De hecho, sobre ella pesa el compromiso conjunto de derogarla si en las próximas elecciones hay cambio de Gobierno, un pacto firmado por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y los portavoces parlamentarios de los demás partidos excepto Foro, UPyD y UPN.
Ley de Evaluación Ambiental
Otro de los asuntos que debatirá el Pleno este jueves es el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que controlará, entre otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica o fracking.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defenderá en el Pleno este proyecto que el Gobierno considera "clave" para el sector de la inversión, y cree que promoverá la generación de puestos de trabajo, ya que la nueva ley abrevia plazos y simplifica los procedimientos de los expedientes.
En concreto, el Ministerio estima que tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.
La norma, que regula el análisis de si un proyecto es o no viable de acuerdo a sus impactos ambientales, reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3,4 años de media que tardan en resolverse actualmente.
Entre las novedades de la futura ley destaca la inclusión en ella de las actividades de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, una técnica que se utiliza para extraer gas natural mediante la inyección de agua y un cóctel de productos químicos, que los detractores denuncian tiene riesgos para la salud y el medio ambiente.
Según estiman las organizaciones ecologistas, en España se han concedido entre 50 y 70 permisos para investigación y/o perforaciones exploratorias.
Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático y crea un nuevo instrumento llamado "bancos de conservación de la naturaleza" para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.
Para las principales organizaciones ecologistas de ámbito nacional, este proyecto pone en peligro el "sistema inmunitario" del medio ambiente en España, ya que consideran que se rebaja la capacidad de control de las actividades dañinas con la naturaleza.
Tampoco les agrada la inclusión de los "bancos de conservación de la naturaleza" porque consideran que permitirá compensar y/o restaurar afecciones ambientales en un lugar distinto al que se producen.