El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles por mayoría la solicitud de la Generalitat y del Parlament de Cataluña de revisar la recusación que presentaron contra su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, en la que ponían en duda su imparcialidad por su militancia en el PP mientras era magistrado.
El Pleno del Constitucional ha notificado que no admite a trámite los recursos de súplica presentados por ambas instituciones contra un auto de 17 de septiembre en el que rechazaba las recusaciones formuladas contra el presidente del TC.
La decisión confirma el anterior fallo del alto tribunal, apoyada por nueve de sus magistrados, en el que no admitía que Pérez de los Cobos debiera abstenerse, por falta de imparcialidad objetiva, de participar en la resolución de un total de 26 asuntos en los que son parte las citadas instituciones de Cataluña.
Entre esos asuntos está la impugnación del Gobierno a la declaración soberanista o a la ley catalana de educación.
Para el alto tribunal, la filiación a los partidos políticos es una concreción del ejercicio del derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución.
La afiliación es un "derecho del que no están privados los magistrados"
La mera afiliación a los partidos es un "derecho del que no están privados los magistrados constituciones" y "no cabe asociar a su ejercicio consecuencias automáticas que afecten a su idoneidad para el desempeño de su función". Así lo ha asegurado el auto, suscrito por 9 de los 11 magistrados que deliberaron sobre este asunto.
Según ha señalado la mayoría del TC, "las diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los magistrados y conforman su trayectoria personal no pueden considerarse sin más condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad".
Además, ha añadido que "la imparcialidad que exige la Constitución no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir".
Piden que intervenga Rending para imponer criterios de independencia
Por su parte, un grupo de eurodiputados catalanes y vascos han pedido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que intervenga para garantizar la independencia de la justicia en España.
Según han señalado en un comunicado de prensa, "el Estado español ya no cumple con las normas de independencia judicial que la UE reclama a los Estados que quieren ser miembros".
Además, han remarcado que "actúe con rapidez para evitar que España entre en una deriva de incumplimiento de las normas fundamentales que son de obligado cumplimiento en la Unión Europea".
Para los eurodiputados, "el hecho de que un militante del partido dirija el alto tribunal es un hecho único en Europa" y junto a otros hechos pone "en tela de juicio el grado de independencia del aparato judicial en el Estado español".