El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que el PSOE presentó el pasado mes de agosto contra catorce artículos de la "ley antidesahucios" promovida por el Gobierno y aprobada por la mayoría parlamentaria del PP en solitario.
La decisión del TC no prejuzga ninguna orientación sobre la constitucionalidad de la ley, sino únicamente implica que el tribunal estudiará el recurso y fallará al respecto.
El PSOE basó su recurso en un documento que elaboró la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al que realizaron "correcciones" aunque argumentaron que se mantenía "todo su fundamento jurídico".
Entre los argumentos defendidos por la PAH y apoyados por el PSOE se encuentran los que se refieren a la tutela judicial efectiva y que critica que los jueces "no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda".
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se mostró crítica ante esta decisión del principal partido de la oposición de "corregir" su texto a la que calificaron de "oportunista".
Iniciativa promovida por la PAH
Según los socialistas, la última reforma realizada en relación con las hipotecas vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH.
La normativa aprobada por el Gobierno, cuya constitucionalidad será estudiada ahora por el tribunal de garantías, es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.
Las iniciativas de la PAH, sin embargo, fueron eliminadas del texto final sin que los grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir, por lo que el PSOE entiende que se vulneraron principios constitucionales.
Según el PSOE, la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio, por lo que no apoya las últimas medidas de reforma.