El fiscal del caso Bárcenas se ha opuesto a que el Ministerio de Fomento aporte al juez todos los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos entre 1990 y 2012 con las doce empresas que aparecen como donantes en los papeles manuscritos sobre una supuesta contabilidad B en el PP.
Una de las acusaciones, el Observatori DESC, pidió a Ruz esta diligencia para contrastar las donaciones de empresarios reflejados en los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas con las adjudicaciones públicas que se hicieron a esas empresas.
En su informe remitido al juez, el fiscal Antonio Romeral se opone a esta diligencia por entenderla "inútil e impertinente", así como "perjudicial" para "la correcta instrucción de la causa", ya que "la recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso de la instrucción por un tiempo no definido, pero desde luego superior al año".
Este extenso trabajo solo estaría justificado, dice el fiscal, si existieran "indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos y la probabilidad de obtener elementos incriminatorios que afiancen y den crédito a los mismos", algo que aún no ha ocurrido en espera de un informe pericial que detalle si hubo cohecho o tráfico de influencias entre las donaciones y las adjudicaciones.
La "inutilidad e impertinencia resultan obvias", indica, respecto de todos los contratos y concesiones entre 1990 y 2012 "por corresponder a periodos temporales que no están afectos por la investigación judicial" y, en algunos casos, prescritos.
Documentación sobre contratos y adjudicaciones
Es una petición, a juicio de Romeral, "de manera expansiva en cuanto al tiempo y sociedades afectadas y restrictiva en cuanto al organismo contratante o concedente, al limitarla al Ministerio de Fomento", por lo que la considera "incoherente o al menos formulado sin la necesaria reflexión".
Aceptarla sería, apunta, "más propia de una investigación prospectiva que de una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal".
Es además "incoherente" porque, según el fiscal, "no se explican los motivos por los que se solicitan los expediente del Ministerio de Fomento y no los de otras administraciones públicas", ni tampoco "qué datos de los expedientes considera necesarios" para establecer vínculos entre las donaciones y las adjudicaciones de cara a un posible delito de cohecho.
La Audiencia Nacional confirma la fianza de 43,2 millones
Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la fianza civil de 43,2 millones de euros que el juez Pablo Ruz impuso el pasado 5 de julio al extesorero para hacer frente a la responsabilidad civil que pueda derivarse de llegar a ser condenado en el caso Gürtel.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza así en un auto el recurso interpuesto por Barcenas contra la fijación de esta fianza, que al no haberla abonado en el plazo correspondiente le supuso el pasado 30 de julio el embargo de varias propiedades, entre ellas su domicilio familiar en la calle de Príncipe de Vergara.
La Sala adopta esta decisión al estimar que sobre Bárcenas "se acumulan serios indicios" de la comisión de delitos de cohecho "por presunta percepción de distintas cantidades" procedentes de la red liderada por el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; así como de delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal.
Al desestimar el recurso, el tribunal rechaza el argumento del extesorero de que no es el momento procesal oportuna para fijar la fianza y tildan de "absurdo e incoherente" ese argumento, ya que la ley establece que puedan acordarse tales medidas cuando existan "indicios racionales de criminalidad".
Por su parte, para los magistrados hay suficientes indicios de delitos contra la Hacienda Pública "por la percepción de cantidades" de la trama Gürtel que en 2002 pudieron ascender a 459.565 euros, en 2003 a 515.350 euros y en 2007 "no declaró los ingresos que aparecen en sus cuentas de Suiza".
Además, figura como cooperador necesario en el impago en 2006 a la Hacienda Pública por parte de su esposa, la también imputada Rosalía Iglesias por los ingresos no justificados de 560.000 euros y que ella y su marido pretendían justificar en la compraventa de cuadros.
El juez también impuso una fianza de 6 millones de euros a Iglesias en concepto de responsabilidad civil. No obstante, al no haberla abonado, decretó el embargo de dos viviendas, cuatro plazas de garaje, un trastero, un coche y el dinero que tiene en cuentas y planes de pensiones.