El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, persigue simplificar el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones mediante la eliminación de la necesidad de obtener diversas licencias municipales.
La normativa, que modifica la vigente desde 2003, ofrece un nuevo marco jurídico para que los operadores lo tengan más fácil a la hora de desplegar redes y prestar servicios, lo que redundará en "mejores ofertas para los ciudadanos y empresas", con menores precios y mejor cobertura, así como en "servicios más innovadores y de mayor calidad", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha destacado que, además, da seguridad jurídica al compendiar toda la normativa vigente, y supone un importante avance en la reformas de las administraciones públicas, ya que facilita su coordinación en términos de redes y simplifica el proceso de licencias.
Una reforma "muy necesaria"
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado por su parte que era "muy necesaria" la modificación de esta ley, ya que la que en diez años este sector ha variado mucho y hay que "adaptarlo a la realidad". El desarrollo de la cuarta generación de telefonía móvil, la banca ancha y las redes ultrarrápidas obligaban a la reforma, ha apuntado.
Soria: "Los operadores tienen que invertir en infraestructura, en banda ancha, en fibra óptica"
Soria ha destacado que uno de los principales objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan beneficiarse de precios más competitivos, uno de los efectos positivos de la liberalización del sector, iniciada en 1998, "que aún no se ha trasladado por completo" a los usuarios.
El titular de Industria considera este sector esencial para el crecimiento de la economía y el empleo y cree que en este momento se encuentra en un "momento de fuerte renovación tecnológica e inversión".
Reducir cargas administrativas
Las medidas básicas del Anteproyecto son impulsar la competencia y mejora de los servicios a los usuarios, recuperar la unidad de mercados y frenar la dispersión normativa, la simplificación administrativa y facilitar el despliegue de redes de nueva generación fijas y móviles.
La ley hará que las cargas administrativas locales para el sector sean estudiadas por el Ministerio de Industria.
Por otra parte, el anteproyecto de Ley reducirá el número de las sanciones muy graves a los participantes en el sector, pero a la vez elevará su cuantía ostensiblemente, desde 2 hasta 20 millones, según han señalado fuentes del Ministerio de Industria.
Además, en línea con el espíritu liberalizador de la norma, habrá menos control ex ante del Estado, hasta el punto de que las licencias de instalación de equipos se sustituirán por declaraciones responsables, pero se elevará el control ex post, a través de sanciones que podrán ser impuestas tanto por la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como por Industria.
El anteproyecto de esta ley fue tramitado por el Gobierno el pasado 28 de diciembre. Ahora será remitido a las Cortes después de haber sido informado por el regulador del sector (CMT), las autoridades de competencia (CNC) y el Consejo de Estado, entre otros.
Impacto económico
Según datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y su inversión en ese período superó los 4.000 millones.
Según estudios de la Comisión Europea (CE), un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1% y 1,5%, mientras que duplicar su velocidad supone un incremento del 0,3% del PIB. Además, implicaría la creación de más de 100.000 puestos de trabajo anuales en la UE entre 2010 y 2015. Hasta 2020 se estima la creación de unos dos millones de empleos asociados a la innovación en servicios.
Por otra parte, según ha destacado un informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el sector TIC y de contenidos digitales facturó en España 100.828 millones en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011.
Aunque según la CE, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión de más de 200.000 millones para que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, cuantifica esta inversión es unos 25.000 millones.