Este lunes se reúne la Junta del Senado italiano para empezar a estudiar el caso de la retirada del acta de senador al ex primer ministro Silvio Berlusconi.
¿Quiere decir esto que caminamos hacia el final político de Il Cavaliere? Puede. Pero Silvio Berlusconi, apodado el caimán, va a dar muchos coletazos antes de que quedar atrapado en la red de la legalidad.
El miércoles pasado fue la oficina de Presidencia, y no consiguieron ponerse de acuerdo en nada. Ahora puede pasar otro tanto.
Berlusconi tiene ya su apuesta sobre la mesa: el sábado depositó en el Senado los términos del recurso con el que quiere acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Son 33 páginas que hacen referencia al artículo 7 de la Convención Europea y que alegan que no puede haber una pena si en el momento de producirse un delito no está tipificado como tal.
Con esto quiere decir que los hechos que se le imputan del caso Mediaset son anteriores en el tiempo a la ley que le impide ser representante del pueblo en Italia. Esta ley, llamada Severino es de noviembre de 2012. Y la propia ministra que da nombre a la ley ha llegado a cuestionar públicamente, la semana pasada, su legalidad una vez que expertos constitucionalistas han llegado a esta conclusión: se debe de analizar los principios de esta ley para ver si es “ad normam”.
Además Berlusconi podría solicitar la revisión del proceso atendiendo a los artículos 629, 620 y 631 del Código Penal italiano. Y es que ha aparecido un hecho nuevo que no se había tenido en cuenta en todo el proceso. Son unas cartas depositadas en Suiza en las que se cita la presencia de un intermediario único entre la Paramount y muchas televisiones europeas. Y éste es una persona con nombre y apellidos, no un tipo desconocido como cita el juez en la sentencia de condena a Berlusconi en el caso Mediaset.