Decenas de miles de personas se han manifestado este domingo en las principales ciudades de Chile, en vísperas de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado del general Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
Los manifestantes han marchado para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.
Disturbios y detenciones
La marcha callejera más multitudinaria ha tenido lugar en Santiago, donde según fuentes policiales unas 30.000 personas han secundado la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas y grupos sociales y de izquierda.
Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, han recorrido los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido, en el cementerio general.
La marcha, que estaba autorizada, ha transcurrido de forma pacífica hasta que un grupo de encapuchados ha protagonizado incidentes aislados y se han enfrentado a la policía, instalando barricadas y arrojando piedras cócteles molotov.
La policía ha usado gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los encapuchados y ha detenido a 31 personas.
Un asunto histórico pendiente
Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura ha estado precedido de una serie de gestos y pronunciamientos en favor de la reconciliación en el país.
La Asociación de Magistrados de Chile, la más importante del país, ha pedido perdón por sus "acciones y omisiones" durante el régimen militar, mientras que la Corte Suprema ha reconocido "que no hizo lo suficiente en dictadura".
Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha denunciado que ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación hicieron todo lo que debieron para frenar las atrocidades ocurridas durante el régimen del general Augusto Pinochet.
Además de los jueces, algunos políticos han reconocido su responsabilidad en lo sucedido tras al golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente socialista Salvador Allende.
La indignación de las víctimas
Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
"Nosotros no estamos obligados a perdonar. En vez de que pidan perdón, lo que nosotros queremos es que se empiece a hacer justicia y se reconozca la verdad de lo que ocurrió en este país", ha declarado Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones convocantes de la marcha de este domingo.
Pizarro ha exigido que el Parlamento apruebe leyes que pongan fin a un Estado que, a su juicio "no es verdaderamente democrático y que vive bajo una constitucionalidad autoritaria", en referencia a la actual Carta Magna, que aunque ha sido reformada varias veces, fue redactada y aprobada en el gobierno militar.
“No nos interesa una reconciliación basada en la impunidad“
En tanto, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, ha manifestado que confiaba en no tener que esperar otros diez años más para que la Justicia haga su trabajo. "Los que hoy piden perdón, esperaron 40 años (...), nosotros exigimos hechos concretos, no nos interesa una reconciliación basada en la impunidad", ha enfatizado.
El exlíder estudiantil y actual candidato a diputado por Santiago, Giorgio Jackson, ha denunciado la "represión policial" de una marcha pacífica, mientras que Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ha manifestado que 40 años después del golpe, la policía sigue reprimiendo a los jóvenes en la calle.