El Gobierno podrá sancionar el bunkering, o sistema de gasolineras flotantes, no solo en la Bahía de Gibraltar si no en todas las zonas de especial protección de la costa española englobadas en la Red Natura 2000 y en las que pudieran incorporarse en un futuro.
Se podrá sancionar el fondeo, la recepción y el abastecimiento de combustible en mar abierto, y en el caso de las infracciones de caracter muy grave las multas podrían alcanzar los 100.000 euros, en virtud de las modificaciones realizadas en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que será tramitada por la vía de urgencia y que podría entrar en vigor a principios del próximo año.
Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha señalado que mientras no se puedan aplicar las multas se denunciarán las infracciones que se produzcan ante la UE, "tal y como debe hacer Reino Unido", ha afirmado.
Arias Cañete ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es el de llenar una "laguna legal" en las zonas de especial conservación, donde se prohibían determinadas prácticas pero no había una tipificación sancionadora.
Infracciones graves
En este sentido, ha recordado que a partir de esta reforma, habrá un instrumento jurídico por el que se sancionarán estas prácticas como "muy graves" en caso de que los daños superen los 100.000 euros, y "graves" en el resto de los casos.
"Se cierra el círculo de poder aplicar procedimientos administrativos de sanción", ha señalado. Asimismo, ha hecho hincapié en que la prohibición del bunkering se realiza por el alto riesgo medioambiental que implica el trasvase de combustible en alta mar.
En relación con este tema, y cuestionado por los periodistas, el ministro de Agricultura ha vuelto a negar cualquier vínculo de la empresa Ducar con las gasolineras flotantes.
"Mi empresa no hace bunkering", ha reiterado, para señalar que ha consultado con la Abogacía del Estado que no tiene obligación de inhibirse "porque es un simple accionista y no un consejero" de la empresa.
Zonas de especial conservación
Por otra parte, Arias Cañete ha matizado que la propuesta de cambio en la ley afecta a "todas las zonas" de especial conservación en España, y no únicamente al área del Estrecho, de manera que "no se discrimine positiva o negativamente" ningún espacio en concreto.
Estos cambios se incluyen dentro del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que será remitido a las Cortes tras su aprobación este jueves en Consejo de Ministros y que unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica.
El Gobierno ha asegurado que con la nueva ley se mejoran los procedimientos de evaluación ambiental "al evitar dilaciones de difícil justificación" desde el punto de vista ambiental.
Las previsiones del Ejecutivo contemplan la creación de unos 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros aproximadamente, informa Servimedia.