La Generalitat y el Parlament de Cataluña han encargado un informe a sus servicios jurídicos porque ve base suficiente para plantear una recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ya que considera incompatible su participación en litigios que mantiene la Generalitat debido a la afiliación que éste tuvo en el PP.
Así lo ha anunciado en conferencia de prensa el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, que ha remarcado que el Ejecutivo catalán quiere "confirmar la sensación" de que pueda haber "contradicción de intereses" dado que el tribunal que preside Pérez de los Cobos debe dirimir sobre recursos presentados por el PP que afectan a cuestiones catalanas, como la inmersión lingüística y la ley educativa.
Homs ha concretado que se encarga el informe para "acabar de afinar el contenido", pero ha garantizado que el Govern presentará la recusación al menos para recursos planteados por el PP al alto tribunal.
"No deja de ser chocante que un recurso interpuesto por el PP lo deba dirimir un militante del PP", ha apreciado el Govern, que ve en la situación de Pérez de los Cobos una clara confrontación de intereses.
Asimismo, la Mesa del Parlament ha acordado por mayoría encargar un informe a sus servicios jurídicos para que analice la recusación de Pérez de los Cobos, argumentando que los miembros del TC deberían tener imparcialidad a la hora de resolver recursos.
Pérez de los Cobos fue afiliado del PP durante años y hasta 2011, una militancia que el TC avaló argumentado que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establecen para los magistrados de este tribunal ninguna incompatibilidad con el hecho de militar en un partido político, como sucede con su presidente.
En su comparecencia, Homs ha defendido que "políticamente es difícil de justificar" la afiliación de Pérez de los Cobos y ha considerado que la afiliación política de Pérez de los Cobos afecta también a su imparcialidad en otros procesos no necesariamente planteados por el PP.
Uno de los objetivos del informe de los servicios jurídicos del Govern será delimitar en qué ámbitos se puede plantear la recusación, que podrían ir más allá de los recursos presentados por el PP al alto tribunal e incluir los litigios entre la Generalitat y el Gobierno.
Homs ha destacado igualmente que la afiliación política de Pérez de los Cobos perjudica la imagen del TC "en otras latitudes", en las que este asunto ha generado "estupor", según el conseller.
Homs considera que hay "abundantes" razones para la recusación
El conseller ve "abundantes" razones para presentar la recusación del presidente del TC y más aún, ha añadido, si se compara con el caso del magistrado Pablo Pérez Tremps, que fue recusado, a petición del PP, cuando se tramitaba el recurso de este partido contra parte del Estatut.
El portavoz del Govern cree que es "diferente" el caso del presidente del TC con lo que pasa en otros organismos, como la Sindicatura de Cuentas, órgano que controla las cuentas de los partidos e instituciones catalanas y cuyos miembros, en su práctica totalidad, son de partido.
Homs ha justificado esta diferencia en que el criterio del Govern es que la afiliación política no debería existir en órganos "dirimentes" como los tribunales, cuyas decisiones tienen efectos concretos y se deben cumplir, mientras que "en otro tipo de órganos no dirimentes -consultivos- es diferente.
La Junta de Andalucía decidirá si pide la recusación
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, ha asegurado que el Gobierno andaluz decidirá junto con el gabinete jurídico y las consejerías que tienen recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de la Nación si emprende acciones jurídicas de cara a una posible recusación de Pérez de los Cobos.
Vázquez ha indicado que el Consejo de Gobierno ha abordado de manera "tangencial" este asunto que no se encontraba en el orden del día. Por el momento, no ha tomado ninguna decisión al respecto. Si bien, ha negado que existan "discrepancias" en esta materia entre las formaciones que sustentan al Gobierno andaluz.
Además, ha insistido en que desde un punto de vista jurídico "es una decisión que no se ha contemplado aún y que se verá de manera particular entre cada consejería y el gabinete jurídico".