La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de este año.
Según ha informado la Agencia este lunes, dentro de la Operación Familia -culminada el pasado 25 de junio en Tomelloso (Ciudad Real), se ha detenido a 13 personas y se han efectuado 13 registros domiciliarios en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid que han permitido incautarse de abundante documentación sobre las operaciones fraudulentas detectadas.
El juez instructor ha decretado prisión provisional sin fianza por tiempo indefinido para dos de los detenidos, mientras que los demás han quedado en libertad con cargos. En la actualidad la operación sigue su curso y no se descartan nuevas detenciones.
Bloqueo de 140 cuentas bancarias
Por otro lado, se han adoptado medidas cautelares para el bloqueo de 140 cuentas bancarias de los supuestos implicados en la trama y de las empresas instrumentales utilizadas. También se han intervenido 45.000 euros en efectivo en el transcurso de los registros.
La Operación Familia arrancó con una investigación tributaria de la Delegación de Castilla-La Mancha de la Agencia Tributaria sobre una de las sociedades utilizadas por la organización. Fruto de esa investigación se obtuvieron indicios fundados de que la sociedad era un mero instrumento dentro de un compleja estructura empresarial defraudatoria con presencia en España, Portugal, Chipre y otros países europeos.
La Agencia Tributaria presentó una denuncia y se inició una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Tomelloso (Ciudad Real), en la que participaron Vigilancia Aduanera e Inspección Tributaria.
Complejo sistema de refacturaciones
La actividad defraudatoria se concentraba en el sector de la electrónica. Los productos eran facturados por los proveedores a sociedades "truchas remotas" -es decir, empresas instrumentales creadas en Portugal y otros países europeos-, mientras la mercancía se transportaba directamente a España.
Las empresas instrumentales europeas se limitaban a refacturar a sociedades instrumentales españolas ("truchas"), que tampoco recibían las mercancías y que, a su vez, volvían a facturar a las sociedades distribuidoras reales. Las "truchas" españolas repercutían el IVA en sus entregas de mercancía dentro de España a los distribuidores reales, pero ese IVA no lo pagaban a Hacienda.
Según la normativa comunitaria del IVA, este impuesto indirecto no se paga en las compras intracomunitarias, pero sí en las ventas en España, por lo que las "truchas" españolas ingresaban cantidades de IVA muy elevadas, ya que no soportaban este impuesto en sus adquisiciones a las sociedades instrumentales europeas pero sí lo repercutían en sus ventas a las distribuidoras en España. Sin embargo, para falsear el circuito del IVA, la trama simulaba en las declaraciones tributarias menores cuotas de IVA que eran ficticias.
La organización ha desarrollado varias actividades irregulares además de la principal en el sector de la electrónica. Así, también actuaban en la comercialización de neumáticos de primeras marcas, accesorios de motos, aparatos de gimnasia o servicios telefónicos, entre otros. En estos casos, de nuevo mediante sociedades "truchas", falseaba entregas de mercancía de España a Portugal exentas de IVA, cuando, realmente, los productos se distribuían directamente en España.
Las empresas que adquirían estos productos de las "truchas" se deducían posteriormente ese IVA no ingresado, con lo que se beneficiaban al poder venderlos a precio más bajo gracias al margen que otorgaba la defraudación del IVA. Este comportamiento distorsionaba la competencia, ya que el resto de empresas del sector no podían competir con esos precios.
Uno de los presuntos organizadores de la trama actuaba bajo tres identidades ficticias ante terceros, e incluso ante los propios testaferros de los que se servía.