El Ministerio de Hacienda podrá intervenir una comunidad autónoma y suspender su competencia normativa sobre tributos cedidos si incumple el pago a proveedores en los plazos legales de 30 días, unas medidas que ya se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quien incumpla la reducción del déficit y de la deuda financiera.
Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro han explicado esta posibilidad que contemplará la Ley de control de la deuda comercial, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que se espera que refrenden las Cortes a finales de octubre. Ese caso extremo de intervención se producirá en cualquier caso siete meses después del primer aviso a la comunidad y desde que esta tome las primeras medidas de tesorería para evitar incumplir la norma.
"Es una situación que esperemos que no llegue a producirse nunca, pero debe estar en la norma para poder actuar. Son siete meses, tiempo suficiente, y trabajaremos conjuntamente para no llegar a esto", han explicado las mismas fuentes.
La norma prevé también que la comunidad deba aprobar acuerdos de no disponibilidad de créditos y constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal. Con esta norma, Hacienda pone la deuda comercial al mismo nivel que la deuda financiera y el déficit, con un sistema automático y progresivo de medidas de control.
Desde el Ministerio se ha asegurado sin embargo que se prevén también medidas para evitar llegar a ese extremo, al igual que está ocurriendo con la Ley de Estabilidad, cuyas peores consecuencias no han llegado a aplicarse.
El objetivo principal de la Ley de control de la deuda comercial es que todas las administraciones públicas cumplan la normativa sobre morosidad, paguen sus facturas en 30 días y en el futuro no generen facturas que no puedan pagar.
Nuevo plan de pago a proveedores
El Gobierno aprobó el pasado viernes un nuevo plan de pago a proveedores para comunidades y entidades locales con este objetivo de poner el 'contador' de las facturas a cero. Las fuentes de Hacienda han asegurado este lunes que cuenta con dos fases y que la segunda será activada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos cuando la situación de los mercados lo permita, puesto que el Tesoro tiene que acudir a los mercados para financiar estos planes.
Esa segunda fase, si se llega a activar, se dedicará a pagar contratos de obras, arrendamientos de bienes inmuebles, agua, energía, transportes, servicios postales o indemnizaciones por expropiaciones.
Antes, la primera fase del plan prevé el pago de deudas con el llamado tercer sector: sanitario, educativo y servicios sociales. También, transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro, subvenciones por I+D+i, transferencias a entidades locales y proveedores de universidades.
Ahora comienzan los trámites para que lleguen a cobrar los proveedores de comunidades y de ayuntamientos que pueden beneficiarse de este nuevo plan. Desde Hacienda se espera que a finales de octubre, se empiecen a cobrar las primeras deudas. En total, unos 3.000 millones de euros.
En el caso de las entidades locales, podrán incluir en este plan las deudas por sentencias firmes de procedimientos de expropiación (unos 316 millones) y las correspondientes a entidades sin ánimo de lucro (332 millones). Las obligaciones de pago deberán tener como fecha límite el 31 de diciembre de 2012 y se estima que unos 5.500 ayuntamientos podrían tener en esa fecha alguna deuda con entidades sin ánimo de lucro.
El Gobierno ayudará a los ayuntamientos con problemas financieros
Por otra parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha señalado que, una vez habilitadas las medidas de ayuda extraordinarias, el Gobierno está "esperando" a que los 518 ayuntamientos con problemas financieros las soliciten para poder concedérselas.
Beteta se ha pronunciado así, durante la firma de un convenio de colaboración sobre registro virtual con la Diputación de Toledo, a preguntas de los periodistas sobre las medidas planteadas por el Ejecutivo para atender a los más de 500 consistorios que tienen problemas financieros, 94 de ellos de Castilla-La Mancha.
El secretario de Estado no ha querido detallar los nombres de los municipios afectados, pues "el mero hecho de figurar en una lista de esa naturaleza dificultaría de modo grave sus relaciones con el mundo financiero". Y ha apuntado que, una vez establecidas las medidas de ayuda y haber analizado este hecho con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), "ahora han de ser los ayuntamientos los que han de solicitar su inclusión y el apoyo del Gobierno de España".
"Y una vez así, haremos pública la resolución", ha afirmado Beteta, quien ha explicado que el Gobierno estudiará cada caso y si es conveniente se aplicará al ayuntamiento con dificultades económicas la "doble actuación prevista: el apoyo financiero y el plan extraordinario de ajuste", establecido por real decreto el pasado junio.