Siete empresarios, en representación de cinco constructoras y entre ellos los hermano de la ministra Fátima Báñez, han negado que se concertaran para permitir que el concurso de la venta de los terrenos de Mercasevilla se adjudicara a la constructora Sanma.
Los empresarios han comparecido como imputados ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, hasta las 20.30 horas en relación al sumario abierto por la presunta venta fraudulenta de los terrenos.
Nicolás Báñez García ha declarado que hace años que no participa en los órganos societarios de Construcciones Juan de Robles, una de las empresas que presentó su oferta para hacerse con el derecho a la opción de compra de los terrenos, y su hermano Eduardo ha dicho que se presentó igual que había hecho en muchos otros concursos y con idea de ganarlo.
Abogados personados en la causa han informado de que Eduardo Báñez ha afirmado ante la juez que el coste de presentar la documentación era de 300 euros, y que pujó con el mínimo fijado, que eran 105 millones.
Ha explicado que en otros concursos su empresa había quedado segunda y luego se alzó finalmente con la adjudicación al retirarse la primera.
Los demás empresarios han manifestado que tenían unos equipos técnicos encargados de estos procesos y que desconocían por qué sus constructoras no ofertaron los aspectos técnicos, sociales y de revisión que permitieron que el concurso se adjudicara a Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.
Encarecimiento que su empresa eludía
En ese sentido, Báñez ha precisado que estos aspectos sociales suponían el tipo de encarecimiento que su empresa eludía.
José Romero González, presidente del Consejo de Administración de PRASA, ha afirmado que su constructora se presentó al concurso sin esperanzas de ganarlo y "como el que se presenta a un examen sin habérselo estudiado".
Ignacio Bayón, de Realia, ha declarado a la juez que el proyecto no pasó por el Consejo de Administración y que lo redactó el departamento de Promoción de su empresa.
Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta del Consejo de Azucarera Larios, ha manifestado que para estos asuntos tenía un consejero delegado que se encargaba de todo, aunque ha hecho la matización de que hasta el concurso de Mercasevilla su empresa no había hecho nada en Sevilla.
Martín Sánchez-Ramade, presidente del consejo de administración de EDAMAR, ha afirmado también que tenía un equipo técnico que le asesoraba y su hijo Antonio Sánchez-Ramade ha declarado que era una comercial a quien le mandaron un poder notarial y los papeles, y los presentó sin leérselos siquiera.
La comparecencia de estos siete empresarios ha elevado a 24 las personas imputadas en este sumario, uno de los cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, entre las cuales figura el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).