Algunas de las mayores empresas de servicios y contenidos de Internet, como Apple, Yahoo, Facebook y Google, han negado este jueves que el Gobierno de EE.UU haya tenido "acceso directo" a sus servidores centrales. Salen al paso así a las sospechas después de que los diarios The Guardian y The Washington Post, que han revelado que los servicios de inteligencia vigilan los archivos telefónicos y otros datos de empresas cibernéticas como Verizon.
"Google muestra profunda atención a la seguridad de los datos de sus usuarios. Revelamos datos al gobierno de acuerdo con la ley y revisamos todas las peticiones cudiadosamente. En ocasiones se nos acusa de haber creado una 'puerta trasera' para el Gobierno, pero Google no otorga al Gobierno acceso a los datos privados de los usuarios", ha explicado la compañía en un comunicado.
También Facebook ha querido aclarar que la protección de la privacidad de sus usuarios es "una de las mayores prioridades. No proveemos a ninguna organización gubernamental acceso directo a nuestros servidores", ha señalado el jefe de seguridad de Facebook, Joe Sullivan, en un comunicado.
"Cuando alguien pide a Facebook datos o información de individuos específicos, escudriñamos cuidadosamente cualquier que cualquier petición sea compatible con las leyes aplicables, y proveemos información sólo si la ley lo requiere", ha apuntado.
Justificación oficial
El director nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, ha defendido este jueves la vigilancia como parte de los esfuerzos por resguardar la seguridad nacional, y ha explicado las salvaguardas para recabar esos datos.
En un comunicado, Clapper ha explicado que una cláusula de la ley conocida como FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, una ley de vigilancia de inteligencia de extranjeros) facilita el acceso a información de extranjeros fuera de Estados Unidos y que sólo un determinado número de personal, con capacitación especial, puede acceder a esos archivos.
"La información de inteligencia exterior recabada bajo este programa es una de las más importantes y más valiosas que recopilamos, y se utiliza para proteger a nuestra nación de una amplia variedad de amenazas", ha explicado Clapper.
Según las palabras de Clapper, la sección 702 de la ley FISA "no puede utilizarse para escudriñar intencionalmente a ningún ciudadano estadounidense, ninguna otra persona en EEUU, o a cualquiera dentro de Estados Unidos"
Estas actividades están "sujetas a la supervisión de una corte especial creada dentro de FISA, del Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos", ya que implican "extensos procedimientos" especialmente aprobados por el tribunal para asegurar que sólo extranjeros fuera de Estados Unidos estén sujetos a esa vigilancia.
La sección 702, en todo caso, ha sido recientemente renovada por el Congreso de EEUU, ha añadido. Clapper ha expresado su disconformidad por las "numerosas imprecisiones" de las noticias publicadas en prensa.
Una consecuencia de la ley antiterrorista
La ley antiterrorista de 2001, conocida como Ley Patriota y promulgada un mes después de los atentados del 11-S, obliga a las empresas a entregar a las autoridades archivos y demás información que pueda servir en una investigación relacionada con la seguridad nacional.
Sin embargo, el tribunal prohíbe que el Gobierno escudriñe indiscriminadamente los archivos telefónicos adquiridos mediante el programa secreto.
En una declaración separada, en la que ha ordenado la desclasificación de ciertos documentos relacionados con FISA, Clapper ha puesto el énfasis sobre la importancia de que los estadounidenses entiendan que el programa antiterrorista es "completamente legal", tiene sus límites y se ciñe a una serie de principios.
El tribunal de FISA revisa el programa secreto cada 90 días y el Departamento de Justicia también supervisa "rigurosamente" el manejo de los datos recibidos, según el director nacional de Inteligencia.
No obstante las explicaciones del Gobierno a lo largo de la jornada, grupos pro-defensa de los derechos civiles han acusado al Gobierno de Obama de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos.
En las últimas semanas, la Administración Obama se ha enfrentado a otros casos de escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, lo que ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno