El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado en concurso de acreedores a Pescanova -que lo había solicitado- y ha retirado a su presidente las facultades de administración del patrimonio porque mantenerlo "entraña evidentes riesgos", por lo que será "sustituido por la administración concursal que se designará al efecto".
En este sentido, el auto del juez Roberto de la Cruz explica que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o una persona nombrada por este organismo.
El magistrado indica que ha decidido retirar las facultades de administración al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, debido "a que su mantenimiento entraña evidentes riesgos". Para justificarlo, se basa en el hecho de que el órgano de administración ha incumplido el deber de formulación de las cuentas anuales de 2012 en el plazo indicado por ley, "lo que constituye una de las funciones esenciales del órgano de administración".
Al mismo tiempo, explica que también se ha incumplido el deber de presentar ante la CNMV los estados financieros intermedios del segundo semestre de 2012, y recuerda que las cuentas se encuentran si auditar y que se ha solicitado la revocación del auditor en otro juzgado.
Discrepancias relevantes
Según detalla, existen discrepancias relevantes entre la información suministrada en la solicitud de concurso y la subsanación presentada pocos días después. En concreto, alude al cambio del porcentaje de participación del socio mayoritario, el presidente de Pescanova (que pasó del 14,42% en la solicitud al 5,51% en la corrección) e, incluso, a la diferencia del pasivo total que se indica, con un error de casi 88 millones de euros entre ambas versiones.
Además, constata que el cargo actual del presidente de Pescanova habría caducado tras el plazo estatutario de los cinco años.
Al magistrado le "llama la atención" el hecho de que la solicitud de concurso de acreedores se tomase por mayoría en el consejo de administración, lo que "da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia".
Por ello, según precisa, mantener las plenas facultades del deudor "puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad, en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal, cuyos objetivos son mantener la actividad y el empleo, junto con la satisfacción de los intereses de los acreedores".
El magistrado constata en su auto que concurren las condiciones para aceptar la petición de apertura del concurso de acreedores (el pasivo y activo de la empresa superan los cinco millones de euros; sus acreedores superan los 50; no ha pedido la liquidación de su patrimonio ni ha presentado una propuesta de anticipada de convenio).
Además, indica que Pescanova tenía la intención de pedir a la administración concursal retrasar la formulación de las cuentas, para lo que el juzgado recuerda que el plazo para presentar las nuevas cuentas es de dos meses.
El auto del juez señala que la solicitud de concurso cumple las condiciones exigidas y se acompaña de documentación que, pese a no completar la previsión recogida en la Ley Concursal, "sí resulta suficiente a los efectos de acreditar la situación de insolvencia actual".
El concurso se tramitará por procedimiento ordinario, ya que las cifras indicadas en cuanto al pasivo, activo y número de acreedores (más de 50), "impiden absolutamente acudir al procedimiento abreviado".
Los accionistas minoritarios piden una asamblea extraordinaria
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha reclamado por carta y fax a varios consejeros de Pescanova, entre ellos Fernández Sousa, que se convoque una Junta Extraordinaria en la que "informe sobre la situación de la compañía y los planes del consejo de administración para la superación de la gravísima situación actual".
Una vez conocidos los datos, quiere plantear una acción de responsabilidad contra su presidente, Manuel Fernández de Sousa, para lo que piden el apoyo de más accionistas.
Aemec afirma que hasta ahora aglutinan un 1,2% del capital, pero que esperan el apoyo de más accionistas a su propuesta, que pasa por la revocación del actual equipo gestor y la recuperación de los capitales invertidos por los accionistas mediante el "apuntalamiento de la viabilidad de la empresa".
La asociación de minoritarios ha indicado que se han reunido con el representante legal de Damm -accionista de Pescanova que se ha opuesto a la gestión de Fernández de Sousa- para conocer su posición y pedirle que se sume a la petición de Junta Extraordinaria.
Los portavoces de Aemec -Luis Fernández de la Gándara, Ignacio Aragón y María Fernández- han detallado que en la misiva recuerdan al presidente de Pescanova que "hasta el momento se ha conculcado el deber de transparencia de la compañía respecto al mercado" y, por tanto, se ha "hurtado información esencial para los inversores".
También han enviado otra carta a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, para solicitarle información "de las medidas que la CNMV piensa adoptar (...) tanto en lo que respecta a la supervisión de la compañía, como respecto de las posibles actuaciones que emprenda la Comisión ante las infracciones de la normativa del mercado de valores que se han cometido".
Para aglutinar al mayor número de accionistas minoritarios, que permita ejercer directamente derechos de minoría en la sociedad y participar en las votaciones con el mayor porcentaje accionarial posible, Aemec ha creado una Plataforma de accionistas estables y sin ánimo especulativo a la que se puede acceder desde su web.
Querella criminal contra el presidente
Por otro lado, este jueves también se ha conocido que un particular ha presentado -a través de la sociedad Gesrenta BCN- una querella criminal ante el Juzgado Central de Instrucción contra el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y el exconsejero delegado y accionista de la firma gallega, Alfonso Paz-Andrade, por presuntos delitos de manquinación para alterar el precio de las cosas en la compañía española.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se detalla cómo Alfonso Paz-Andrade vendió el 31 de enero un total de 195.000 acciones de Pescanova por un valor de 3,2 millones de euros, semanas antes de que la multinacional pesquera presentara el preconcurso de acreedores.
Por su parte, Manuel Fernández de Sousa, en los meses de diciembre, enero y febrero, vendió al mercado "sin comunicárselo" a la CNMV un total de 1.986.000 acciones, percibiendo más de 30 millones de euros.
En la querella, que ha presentado el abogado Felipe Izquierdo, se subraya que los querellados utilizaron "información relevante y privilegiada" que solo ellos -más algún otro consejero- conocían para vender acciones de la multinacional pesquera por importe de 35 millones de euros.
El pasado martes, la CNMV pidió a la Fiscalía que investigue las ventas de acciones de Pescanova para aclarar si existió ese uso de información privilegiada.