El magistrado-presidente del Tribunal del Jurado del caso Bretón, Pedro Vela, ha rechazado anular el proceso como ha solicitado en las cuestiones previas al juicio el abogado defensor de José Bretón, el padre que supuestamente asesinó a sus hijos, los niños Ruth y José, el 8 de octubre de 2011 en Córdoba.
Así se recoge en la resolución judicial, después de que la Fiscalía Provincial de Córdoba y la acusación particular, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, presentaran alegaciones oponiéndose al escrito de cuestiones previas del letrado de Bretón, en el que también pedía la impugnación de distintas pruebas, entre ellas los restos óseos.
Según el auto, "no existen razones para dudar de que los restos óseos observados" por los distintos peritos y forenses que han intervenido en el caso "coinciden con los retirados por la policía científica" de la hoguera de Las Quemadillas.
El escrito añade que en todos los informes periciales de los distintos expertos y del Instituto Nacional de Toxicología "aparecen fotografías en los que se ven los mismos restos óseos y dentarios".
La defensa de José Bretón ha anunciado que presentará un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "con casi plena seguridad", contra la resolución del magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, Pedro Vela.
El letrado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, ha explicado que antes de presentar el recurso va a "estudiar y asimilar" la resolución judicial, para la que tiene un plazo de cinco días para recurrir al órgano jurisdiccional superior, como ha puntualizado.
"Ninguna irregularidad relevante"
En cuanto a la supuesta ruptura de la cadena de custodia, la Audiencia entiende que "no se aprecia ruptura alguna que permita concluir" que los restos analizados por los peritos "no fueran los recogidos en la hoguera".
El escrito incide en que "no cabe apreciar" que se haya cometido "ninguna irregularidad relevante que permita afirmar que las pruebas periciales son ilícitas", por lo que son "aptas" para su "análisis y valoración" por el tribunal jurado.
Por otro lado, respecto a la "inexistencia", según el letrado, de la autorización judicial para que el forense Francisco Etxeberría analizara los restos óseos, la Audiencia indica que dicho permiso "existió" y que el desprecinto de la caja que contenía los restos y su exhibición al perito "estaban autorizados".
En su escrito, el magistrado entiende que la declaración del secreto de sumario y sus prórrogas estaban debidamente motivadas para "impedir que el sospechoso manipulara pruebas o pudiera controlar o entorpecer la investigación".
Respecto a la interceptación de las comunicaciones entre el acusado y su letrado, la Audiencia resalta que han sido "exquisitamente adoptadas" por el juez instructor, quien "indicó específicamente" que las mismas debían quedar "totalmente excluidas de la intervención".
Según el escrito, ni el juez ordenó en ningún momento que se interceptaran las comunicaciones ni hay el "más mínimo rastro en la causa de que ello pudiera ser así".
Alegaciones de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía considera que la cadena de custodia de los restos ha permanecido "inalterada" durante toda la instrucción y cada uno de los pasos están "plenamente documentados", por lo que ve una "osadía" afirmar que se "predeterminaron pruebas". Sobre los secretos de sumario, el Ministerio Público alude a la "dificultad del procedimiento" y "ante la negativa del acusado a decir la verdad".
En cuanto a la supuesta violación de las comunicaciones, la Fiscalía cree que el auto a tal efecto justificaba "totalmente la legitimidad constitucional de la medida y las limitaciones que se establecen en favor del secreto profesional"; mientras que la acusación lo ve como una "mera denuncia, sin más base ni justificación".
En relación a la celebración del juicio con jurado, según precisa la prensa provincial, el Ministerio Público destaca que la ley "imperativamente" ordena este tipo de enjuiciamiento de los supuestos delitos de asesinato e insiste en que se descartarán a los candidatos que "no se consideren idóneos", y la acusación recuerda que el juicio con jurado es una "cuestión de legalidad ordinaria".
Retraso en la fecha del juicio
José María Sánchez de Puerta, abogado de José Bretón, pidió la nulidad del caso al entender que se habían "violado derechos fundamentales" durante la instrucción, en referencia a las escuchas policiales o a la seguridad de los análisis de los restos óseos.
En concreto, el abogado considera que se ha violado la cadena de custodia de los restos óseos hallados en la finca familiar de Las Quemadillas y que el antropólogo Francisco Etxeberría, quien determinó que los restos eran de seres humanos y no animales, los analizó "sin autorización judicial", pues, "no consta el envío del fax al Grupo de Homicidios".
También ha alegado indefensión por los continuos e "injustificados" secretos de sumario durante la instrucción; a lo que añade que se han violado las comunicaciones entre él y su cliente con escuchas ilegales, así como a los familiares de Bretón, e insiste en pedir que no se celebre un juicio con jurado, porque estaría "intoxicado, mediatizado y absolutamente contaminado".
El Ministerio Fiscal solicitó una pena de 40 años de prisión para Bretón al considerarlo autor del asesinato de sus hijos. La pena de cárcel solicitada por la Fiscalía es la misma que la de la acusación particular ejercida por la madre de los pequeños, Ruth Ortiz.