La intempestiva y anómala llegada al Gobierno italiano de Mario Monti -el tecnócrata que ganó su fama de incorruptible como comisario europeo en Bruselas- despertó muchas expectativas dentro y fuera de Italia, por ver lo que un gabinete de perfil técnico podría hacer para impulsar la economía del país, la tercera más importante de la zona euro.
Pero esas expectativas duraron poco. En tan solo un año, la sociedad italiana ha perdido su confianza inicial en Monti y los economistas hablan de “una oportunidad perdida” para hacer las reformas necesarias para que la economía pueda volver a crecer y crear empleo, aunque sí se reconoce al tecnócrata italiano el mérito de haber frenado la espiral que, en noviembre de 2011, parecía condenar a Italia a un rescate que Europa no podía costear.
“Italia estaba en estado de emergencia económica”
Tras la dimisión de Berlusconi, cuando el recién nombrado senador vitalicio fue señalado para el cargo por una Unión Europea dirigida por Berlín, Italia estaba en “estado de emergencia económica”, según ha definido el Ejecutivo liderado por el excomisario.
La prima de riesgo italiana rozaba los 600 puntos básicos, disparada por la ruptura del Gobierno Berlusconi con sus compromisos para contener el déficit y la deuda pública. Los inversores internacionales habían abierto la caja de Pandora y apostado en los mercados por una eventual salida del euro de Italia que –junto a una Grecia ya desahuciada- arrastraría tras de sí a España, Irlanda o Portugal, y podría herir de muerte a la moneda única.
“Dada la situación que había antes de su llegada, Monti ha salvado a Italia de una intervención segura. La situación de las finanzas públicas era desastrosa”, opina Marco Celentani, profesor de Economía en la Universidad Carlos III.
Este economista italiano asegura a RTVE.es que la evaluación del año de Gobierno es “relativamente positiva”, aunque “cabía esperar algo más: no sólo un aumento de los ingresos fiscales, sino una mayor reducción del gasto público y algún tipo de intervención para reducir la deuda pública, como la venta de patrimonio del Estado”.
Prestigio fuera, desilusión dentro
Ese balance general coincide con el de Andrea Caggese, profesor de Macroeconomía de la Universitat Pompeu Fabra, quien resume el año de Monti como “un balance en blanco y negro”.
Caggese apunta a RTVE.es que “ha sido positivo porque ha aumentado la confianza de los inversores internacionales y ha mejorado la balanza fiscal, pero ha perdido la oportunidad de hacer las reformas fundamentales y también ha perdido la confianza de los italianos”.
El prestigio de Monti en el exterior, que ha hecho valer multiplicándose en decenas de viajes y reuniones durante sus 13 meses como primer ministro, ha mejorado la imagen externa de Italia y ha conseguido domar la prima de riesgo –pese a altibajos provocados por los vaivenes de la zona euro y de países asimilados a Italia, como España- hasta dejarla por debajo de los 400 puntos.
Un ejemplo del peso específico del excomisario se vivió en la cumbre europea de finales de junio de 2012, cuando Monti fue decisivo para conseguir que los líderes europeos se comprometieran a poner los medios para romper el círculo vicioso que liga la credibilidad de la deuda soberana de un país a la de sus bancos. Un acuerdo que permitió empezar a aliviar la presión que sufría España y que ahora, meses después, parece haberse desvanecido, igual que ha sucedido con muchas de las intenciones mostradas por Monti en el arranque de su gobierno.
Algunos recortes y reformas descafeinadas
Así, tras un fuerte comienzo en el que presentó y logró sacar adelante en el Parlamento un plan que suponía un ahorro en el gasto de 60.000 millones de euros en tres años (ampliado después, con nuevos ajustes en julio y octubre), su ímpetu inicial se ha desdibujado.
Ha conseguido sacar adelante una reforma de pensiones -que eleva la edad de retiro a los 67 años en 2018 y que complica la jubilación anticipada-, una polémica reforma laboral –muy limitada por las presiones y los retoques introducidos por un Parlamento cada vez más hostil con el primer ministro- y una reforma territorial que reduce el número de provincias para intentar recortar el gasto y controlar los reinos de taifas políticos.
El fuelle se ha desinflado en otros programas inicialmente ambiciosos, como la reforma fiscal, que se ha limitado al final a poco más que una subida del IVA general hasta el 22% a partir del próximo julio, la reposición del impuesto sobre inmuebles retirado por Berlusconi y algunos retoques en el impuesto sobre la renta para tratar de rebajar la presión fiscal sobre trabajadores y familias.
Tampoco se ha dado la amplitud esperada por los ciudadanos al recorte de los privilegios de la clase política –a pesar de una tímida ley que aboga por obligar a los dirigentes a publicar sus rentas y patrimonio, inhabilitar a los cargos públicos con faltas graves o limitar las retribuciones de los directivos- o al aumento de la transparencia en el funcionamiento de la Administración.
En cuanto a las ayudas al tejido empresarial, la acción del Gobierno Monti se ha limitado a algunos incentivos para la creación de empresas, simplificaciones en los trámites burocráticos o la reducción por ley a 30 días del plazo de pago de la administraciones públicas. Pero no se ha aliviado casi nada la presión fiscal sobre ellas, que supera el 68% (38,7% en España).
La tan anunciada liberalización de sectores como la energía o el transporte ha sido reducida, mientras que en los servicios se ha limitado a la eliminación de algunas trabas para el ejercicio de los profesionales y al establecimiento de la libertad de horarios comerciales.
Además, su gobierno no se ha librado de los escándalos. En mayo de 2012, el subsecretario de Justicia tuvo que dimitir al ser investigado por ayudar a empresarios a evadir impuestos, pero ha sido al final de su mandato cuando han saltado los casos más relevantes, especialmente, el del banco sienés Monte dei Paschi, al que el Gobierno Monti ha concedido ayudas de casi 4.000 millones de euros, pese a las irregularidades puestas en evidencia por varias investigaciones judiciales. Además, se han revelado casos de presuntos sobornos de dos empresas participadas por el Estado -Finmeccanica y Saipem-, lo que ha servido de munición en el fuego cruzado de la campaña.
Riesgo de recaída
“Seguramente, Monti ha hecho lo que ha podido hacer, debido a la resistencia interna a las reformas. Pero las que se han hecho no son suficientes para asegurar la confianza de los inversores internacionales en un crecimiento futuro del país. Con lo hecho hasta ahora, la Italia de los últimos 15 años no va a cambiar”, advierte Caggese.
Para Marco Celentani, “el problema fundamental es la política, siempre. Italia ha crecido a pesar de la intervención política. Nunca ha tenido un Gobierno que se haya planteado hacer de verdad reformas estructurales reales”.
Así, con una de las dinámicas de crecimiento más débiles de los países desarrollados en las últimas décadas, el paro en el nivel más alto desde 2004 (11,2%), una industria con su producción en caída libre desde el comienzo de la crisis (-22% desde 2008) y una deuda pública que roza los dos billones de euros (cerca del 126% del PIB), Italia no ha alejado los riesgos de una recaída. Ese peligro será más probable –avisan los analistas y temen las instituciones europeas- si el resultado de estas elecciones, como aseguran los últimos sondeos, no garantiza la estabilidad política y la continuidad de una agenda de reformas que no sean meros recortes.