Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, han convocado una jornada de huelga para el próximo día 20 en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La protesta se alza contra medidas como las nuevas tasas judiciales, la reforma "privatizadora" del registro civil o la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como los cambios en el Registro Civil.
Apoyan la huelga la Unión Progresista de Fiscales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente.
El pasado mes de enero ya advirtieron que tomarían esta medida si no obtenían una "respuesta satisfactoria" del Ministerio de Justicia a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del CGPJ que, según estas organizaciones, "afecta a las garantías de independencia del Poder Judicial".
Por primera vez están obligados a pagar tasas judiciales los ciudadanos. Estarán exentos de pagar las tasas las personas que por sus bajos ingresos tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (la renta de la unidad familiar debe ser inferior a 14.910,28 euros, dos veces el IPREM).
Apoyo mayoritario del sector
Los portavoces de estas asociaciones han señalado en rueda de prensa que cuentan para la convocatoria con el apoyo mayoritario de jueces y fiscales (porque sus asociaciones suman una mayoría de los asociados y porque las juntas de jueces y fiscales han apoyado sus reivindicaciones).
Así mismo, han recordado el apoyo a la convocatoria manifestado por el Consejo General de la Abogacía y por las asociaciones de jueces y fiscales y otros funcionarios, es decir, por el sector judicial en su conjunto de modo mayoritario.
Los cambios suponen privar a este poder de su capacidad para luchar contra la corrupción, denuncian los convocantes.
Los portavoces judiciales han considerado este martes que la reforma del CGPJ implicará que el Gobierno se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes y la independencia judicial, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
Respecto a las tasas judiciales, que imponen pagos por acceder a la jurisdicción civil a los ciudadanos, y no solo a las organizaciones o empresas (como sucedía hasta la reforma), jueces y fiscales han señalado que el número de litigios parece haber descendido desde su aprobación en un 25%.
Esto supone que ese número de ciudadanos no ha podido acceder a la tutela judicial, lo que es un precio demasiado alto para evitar el colapso de los tribunales, han expresado, antes de pedir que una solución alternativa, como serían más medios personales y materiales. Esto se concreta, entre otros puntos, en que no se supriman los jueces y fiscales sustitutos.