El Ministerio de Hacienda ha advertido al País Vasco que acudirá al Tribunal Constitucional si sigue adelante con su intención de pagar la extra de Navidad a los empleados públicos y funcionarios de Euskadi.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro señala, además, en un nota que si se abonan estas cantidades "se podría incurrir en delito de prevaricación" por dictar una "resolución arbitraria" a sabiendas de "su injusticia".
También justifica la decisión en que una ley autonómica "no puede incumplir" una normativa básica estatal, porque supone una clara vulneración del orden constitucional.
El País Vasco, con un gobierno en funciones de Patxi López (PSE), anunció este lunes que pagaría la paga extra de Navidad a los funcionarios, uniéndose así a la comunidad de Extremadura (gobernada por el PP), que también aseguró hace unos días que no aplicaría este recorte.
El Gobieno vasco en funciones decidió abonar la paga extraordinaria de Navidad a los trabajadores de la administración autonómica, pero no la percibirán los miembros del Ejecutivo, según matizó la portavoz en funciones del Ejecutivo, Idoia Mendia.
De esta manera, los alrededor de 67.000 funcionarios públicos que dependen del Gobierno Vasco, excepto el lehendakari y los consejeros, recibirán su paga extra, cuyo montante total se eleva a 207 millones de euros, según ha precisado Mendia.
Extremadura, la pionera
Unos días antes, el Ejecutivo que preside José Antonio Monago anunció que sus funcionarios cobrarían la paga extra de las fiestas navideñas, gracias al dinero que recibirá la comunidad tras la sentencia del Constitucional, que le daba la razón sobre el impuesto que estableció sobre los depósitos a las entidades de crédito.
En concreto, recibirá unos 240 millones de euros por esta resolución judicial, de los que gastará en torno a 80 millones en pagar las extras de Navidad. La medida afectará a los funcionarios, pero no a los altos cargos de la administración, que seguirán sin cobrar la paga extra, como en el caso de País Vasco.
Estas decisiones han chocado de pleno con la normativa del Gobierno central, que decidió suprimir la paga 'extra' de Navidad a todos los empleados públicos este año 2012.
En ambos casos, desde el gobierno central se ha advertido de que se acudirá al Tribunal Consitutcional, de proseguir con la medida.