La Generalitat de Cataluña ha abierto 125 expedientes sancionadores a Renfe por infracciones graves en la prestación de los servicios de Cercanías y Regional que, de confirmarse, pueden suponer una multa a la compañía de hasta 3,7 millones de euros.
El departamento de Territorio y Sostenibilidad del gobierno catalán ha iniciado los expedientes informativos por las alteraciones del servicio ferroviario que se produjeron entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año y que, según considera ahora, constituyen infracciones graves. En concreto, ha estimado que en ese período se suprimieron 75 trenes (y no se ofreció transporte alternativo) y se produjeron 478 retrasos, de los que 188 fueron superiores a los 15 minutos.
El conseller catalán responsable de ese departamento, Lluís Recoder, ha explicado que Renfe ha reconocido que en el período citado se suprimieron 87 trenes (62 de forma total y 25 de manera parcial) y que sólo se habilitó transporte alternativo por carretera para 12 de estos convoyes. También ha admitido los retrasos que le atribuye el Ejecutivo catalán.
Esas incidencia alteraron "significativamente" las condiciones de uso del servicio, según la Generalitat, que recuerda que esos hechos están tipificados como infracción grave, y les corresponden sanciones de entre 6.001 y 30.000 euros.
Recoder ha dicho en rueda de prensa que estas sanciones no responden a medidas recaudatorias, sino que con ellas se intenta forzar a Renfe a prestar un mejor servicio.
Una vez abiertas las diligencias, el trámite administrativo prevé un período de tres meses hasta la imposición de la sanción, que Recoder ha confiado en poder cobrar.
Más de 1.000 nuevos controles
En paralelo, el conseller ha explicado que su departemento ha realizdo cerca de 1.400 nuevos controles en Cercanías y Regionales entre el 15 y el 26 de octubre durante los que ha detectado 858 nuevas incidencias que podrían acabar en nuevos expedientes sancionadores.
Recoder ha señalado que la Generalitat ha tenido "paciencia" con Renfe y Adif para tratar de solucionar los problemas en la red ferroviaria, pero -ha asegurado- esa actitud no ha dado los resultados esperados.
La Generalitat asumió las competencias de los servicios de Cercanías el 1 de enero de 2010, aunque Renfe continuó como operador de esos servicios.