El impuesto sobre estancias turísticas de Cataluña entra en vigor este jueves a pesar del rechazo del sector y con el objetivo del Gobierno catalán de recaudar 50 millones de euros, la mitad de lo que había previsto, después de retrasar su implantación y tras la subida del IVA del 8% al 10%, que no se ha reflejado en el precio final.
El objetivo de la tasa es nutrir un fondo para fomentar el turismo, mediante un impuesto que deberán abonar todas las personas mayores de 16 años que se alojen en un establecimiento turístico catalán, excepto las que participen en un programa social que incluya estancia en alojamientos turísticos.
Tasas según el alojamiento
En Barcelona, los hoteles de cinco estrellas y cruceros deberán facturar a sus clientes 2,5 euros por noche; los de cuatro, 1,25 euros, y en el resto de establecimientos 0,75 euros; mientras que en el resto de Catalunya los hoteles de cinco estrellas y cruceros cobrarán 2,5 euros, los de cuatro estrellas un euro y el resto de locales 0,5 euros.
La Generalitat calcula que el 90% de los establecimientos turísticos catalanes corresponde a la franja baja del impuesto --0,75 euros en Barcelona y 0,50 euros en el resto de Catalunya--.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, concretó recientemente que la capital catalana recibirá el 34% de la tasa turística, y la mitad será para promoción que realice Turisme de Barcelona y la otra para fomentar el turismo responsable, protección del patrimonio y la mejora de la calidad de vida en las zonas con más visitantes.
El sector turístico catalán, en contra
El sector turístico catalán mostró un rechazo frontal ante la tasa cuando el Govern la anunció a finales del año pasado, ya que afecta al precio final y discrimina a los alojamientos catalanes de los del resto de España, pero las posturas críticas se rebajaron después de las negociaciones con la Dirección General de Turismo.
El presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona, Jordi Clos, expresó en marzo --después de que el Gobierno catalán retrasara la aplicación de la tasa para no afectar la temporada de verano-- que la asociación no podía estar de acuerdo ni contenta con la aplicación de un nuevo impuesto, pero mostró la "solidaridad y responsabilidad" de los hoteleros de la capital catalana para apoyar a la Generalitat en una situación de crisis.
También el presidente de la Asociación de Hostelería Girona y Radial, Xavier Nicolazzi, mostró su satisfacción con el anuncio de retrasar la aplicación del impuesto y celebró que el Govern tuviera en cuenta la opinión de los representantes del sector, aunque subrayó que la entidad no está de acuerdo con la tasa.
Por su parte, la Asociación Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, ha criticado que la tasa "no es equitativa respecto a Barcelona", porque el precio medio de la estancia en los hoteles de la Costa Daurada es de menos de la mitad; la ocupación por habitación por persona y noche es más del doble, y la estancia media en un hotel de costa es más de cuatro veces superior al de las ciudades.
El presidente de la Asociación Cámpings Girona, Josep Maria Pla, también ha mostrado su preocupación: "Es complicado gestionarlo y realmente no ayuda a la desestacionalización, nos estamos encareciendo y esto nos hace perder competitividad", ha afirmado en declaraciones a Europa Press, y ha opinado que la tasa debería haberse aplicado de forma gradual, primero en Barcelona, y después en el resto de Cataluña.
El presidente de Turismo Rural Girona, Ramon Corominas, ha asegurado que, al menos este año, será el propietario quien asumirá el coste de la tasa, porqué muchas plazas ya están ocupadas y ahora no pueden aumentar el precio al cliente.
En Lleida, el presidente de la Federación de Hostelería, Juan Antonio Serrano, ha reprochado a la Generalitat que la tasa obligue a las pequeñas empresas a asumir los costes de su aplicación, por un lado los contables y por otro los informáticos.
"Además de recaudadores y de policías tenemos costes añadidos por aplicar la tasa y el cambio de sistema informático cuesta igual para una empresa de 800 habitaciones que para una casa rural de tres por lo que perjudica más a las empresas pequeñas", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.