El ejecutivo italiano ha aprobado dos decretos: uno para invertir en el futuro y otro para terminar con la corrupción. En este último mete la tijera a los gastos de las regiones. El caso del consejero de Lazio que, en dos años, se metió 1,3 millones de euros en el bolsillo, ha escandalizado al país. Y más, cuando se ha sabido que ese personaje tiene derecho a una pensión vitalicia de 4.000 euros que empezará a cobrar en cuanto cumpla los 50 años. A partir de ahora, para cobrar esa pensión será necesario tener 66 años y haber permanecido 10 años en el cargo. También se prevé un importante descenso en el número de consejeros regionales y la vigilancia del Tribunal de Cuentas en los balances.
Así, Mario Monti asegura que la corrupción pertenece a la vieja etapa.
El otro decreto aprobado se denomina "Desarrollo Bis" y se trata de un paquete de medidas que propone cambios en materia de infraestructuras y servicios digitales.
En se decreto se incluye la creación de un documento de identidad electrónico unificado para que el ciudadano realice todos los trámites con la Administración Pública.
La banda ancha es otro de los desafíos del Gobierno. Por ello, prevé invertir 150 millones de euros en banda ancha y se destinan otros 200 millones para las empresas innovadoras en ese campo.
El primer decreto sobre desarrollo ha tenido escaso éxito porque, desde la llegada de Monti, el Gobierno ha destinado la mayoría de sus esfuerzos a reducir el déficit fiscal.
Monti prosigue su camino de saneamiento mientras se acerca el final de la legislatura, pero el panorama político no se aclara. El Partido Democrático debate sobre las reglas que han de regir las primarias para elegir a su candidato, y Berlusconi está a punto de devorar el Pueblo de las Libertades tras los últimos escándalos, sobre todo, el que ha llevado a la cárcel al mencionado consejero regional de Lazio, un escándalo del que está pendiente todo el país.