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El Gobierno: antes de un rescate se debe conocer el tipo de intervención y sus implicaciones

  • S. de Santamaría: "Se tomará la decisión que más interese a los españoles"

  • "Se decidirá con todos los elementos de juicio encima de la mesa", asegura

RTVE.es
4 min.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha pronunciado este viernes sobre un eventual rescate a España y ha insistido en que el Ejecutivo tomará la decisión que mejor interese a todos los españoles "con todos los elementos de juicio encima de la mesa".

Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha sido preguntada por si un rescate para España está muy lejos, tal y como se asegura desde Bruselas.

Sáenz de Santamaría, no ha querido entrar a analizar las diferentes interpretaciones sobre la petición de rescate, ha aseverado que "el Gobierno tomará la decisión que mejor interese a todos los españoles, pero con conocimiento de causa, sabiendo qué tipo de intervención puede acordarse, con qué implicaciones. Y a partir de esa valoración tomar la decisión que corresponda".

Si se pide el rescate, que se haga sabiendo que es mucho mejor tomar esa decisión que no hacerlo

"Si se pide lo que ustedes llaman rescate (...) que se haga sabiendo que es mucho mejor tomar esa decisión que no hacerlo y con todos los elementos de juicio encima de la mesa", ha señalado la vicepresidenta.  En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que la petición de rescate no es cuestión de tiempo, sino de conocimiento de los detalles. Y ha dejado claro que el Gobierno toma las decisiones cuando las cosas están "concretadas y asentadas".

Desde el Eurogrupo no se ve necesario que el Gobierno pida el rescate, al menos de forma "inminente", ya que la tensión en los mercados ha disminuido en las últimas semanas y España se financia en condiciones aceptables. Ni siquiera Francia ve ahora urgente activar la ayuda, según las fuentes consultadas este mismo viernes.

Horas antes, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, había señalado que el Gobierno está en conversaciones con la UE sobre la posible petición de un segundo rescate y que se están "analizando las alternativas" para tomar la decisión que resulte "más beneficiosa" para la economía española.

"Cuando  hablamos de rescate, hablamos de la intervención del Banco Central  Europeo (BCE) en el mercado secundario", ha explicado antes de recordar que "los procedimientos son los que son" y  que el proceso de toma de decisión a nivel comunitario es "complejo".

Pensiones y déficit

Sáenz de Santamaría ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre la  revalorización de las pensiones y su impacto en el déficit, peligro del  que ha advertido el gobernador del Banco de España,  Luis María Linde.

La portavoz ha señalado que el Gobierno "estará a la legislación vigente en este  momento"; que  cuando toque tomar una decisión se tendrá muy en cuenta  el objetivo de  déficit; y que el presidente del Gobierno, Mariano  Rajoy, ya ha dicho  que las pensiones sería "lo último que tocaría".

"Hemos recibido un país con un 9% de déficit y todas las  administraciones públicas están haciendo esfuerzos para cumplir y  ajustarse a los compromisos europeos. Este Gobierno tomará sus  decisiones teniendo muy presente estos compromisos", ha subrayado la  vicepresidenta, recoge Europa Press.

Legislación en materia de pensiones

La legislación actual obliga a dar una compensación a los  pensionistas si la inflación interanual de noviembre es superior a lo  que subió la pensión ese mismo año. En 2012, las pensiones aumentaron  un 1%, pero la inflación interanual de septiembre ya va por el 3,5%,  es decir, 2,5 puntos por encima del objetivo, señala Europa Press.

Cada décima de desviación sobre el objetivo inicial del 1% cuesta  a las arcas de la Seguridad Social unos 100 millones de euros, más  una cantidad similar para su consolidación en la nómina de los  pensionistas.

Con el dato de inflación de septiembre -que no es el que se usa  como referencia-, el coste de la desviación rondaría los 5.000  millones de euros (0,5% del PIB aproximadamente), pero habrá que esperar a noviembre para conocer a  cuánto ascendería dicha paga compensatoria.

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